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  • 13
    Enero
    2015

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    Funcionarios

    Excedencias.Un tipo peculiar

    Una de las “puertas giratorias” habituales en la Administración Pública es la excedencia. Su casuística es amplísima y responde a múltiples factores y situaciones pero, con el evidente riesgo que supone simplificar, quiero referirme a una situación concreta: las excedencias de jueces y magistrados, bien sea para ejercer la abogacía, en despachos colectivos o a título individual, bien sea para desempeñar un puesto político, con independencia de que éste sea por elección o por designación, o bien sea para dedicarse a cualquier otra actividad, profesional o empresarial, remunerada y de mercado.

    Es un espectáculo poco edificante ver a jueces en excedencia dedicarse a dar mítines, defender a presuntos narcotraficante, a presuntos ladrones de guante blanco y a presuntos corruptos, que, por supuesto, tienen derecho a ser defendidos y a elegir a quienes los defiendan, y al cabo de algún tiempo, o antes de que se dedicasen a esa actividad, verlos impartiendo justicia. Sin dudar de la ética de quienes pasen a través de alguna puerta giratoria, hay dudas de su estética. La Justicia merece respeto y estima, y por eso debe de ser muy exigente, e incluso implacable, con el hacer y el parecer de sus miembros.

    No se puede negar a nadie el derecho a ejercer la profesión, o actividad, que estime conveniente, ni tampoco el derecho a desempañar un cargo público, pero sí pueden establecerse limitaciones a las idas y venidas, o sencillamente prohibirlas, cuando el puesto de origen es la actividad jurisdiccional que tiene que ser independiente y parecerlo, y que debe de ser respetada por todos y, especialmente, por todos aquellos que la ejercen.

    La propuesta (tosca, sin matizar, pendiente de debate y por ello de un buen pulido) es sencilla: no hay excedencia para quien cuelgue la toga con la finalidad de dedicarse a cualquier otra actividad, pública o privada, retribuida, Quien desee marcharse, para ganar más dinero o estar en la política, puede hacerlo, faltaría más, pero para siempre, o hasta que oposite de nuevo para volver a ingresar en la carrera judicial. Naturalmente esta propuesta radical excluye la docencia.

    Cuestión muy distinta es hacer posible los permisos sin sueldo temporales, o los años sabáticos, de aquellos que quieran disponer de tiempo libre para dedicarse, durante algún tiempo, a actividades recreativas o creativas compatibles, legal, ética y estéticamente, con la situación de partida.

    Además de este caso concreto, especialmente significativo, habría que hacerse mirar todo lo relativo a las excedencias que, en general, afecten a la función pública, y en particular a determinados Cuerpos de la misma, merecedores de un tratamiento singular por su cualificación, por su relevancia, por su red de contactos, o por su conocimiento especializado en determinados ámbitos especialmente sensibles.

    Las propuestas de regeneración de la vida pública exigen, para su credibilidad, actuaciones de esta naturaleza. Por cierto el derecho a elegir defensor, introductor o asesor, por parte de quien necesite ser defendido, introducido o asesorado, se complementa con el derecho a no aceptar encargarse de defensas, introducciones o asesoramientos por parte de quien pueda ejercer esos cometidos.

    Una última consideración ¿que hacen los países europeos amigos y aliados, léase Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, que tienen que ser nuestra referencia por historia tamaño y población, en este sentido? Saberlo puede ser muy útil para adoptar un criterio homologable a este respecto.

     

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