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  • 25
    Junio
    2015

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    inmovilismo Continuidad cambio

    Gestión municipal y postureo.Diputaciones.

    La fiesta municipal ha terminado, a la autonómica le falta poco, y ahora empieza, parafraseando a Lorca, el tiroteo que, tal y como se presenta la cosa, será una auténtica balacera. La prueba es el ayuntamiento de Madrid en donde Dña. Manuela Carmena está demostrando tener eso tan difícil que se llama sentido común en los nombramientos de los altos funcionarios de la corporación, que no son asesores de variopintas procedencias, sino funcionarios con una buena hoja de servicios a sus espaldas. Es una lástima, y esto es una opinión personalísima, que en la lista de concejales vayan personas, digámoslo así, tal vez valiosas pero sin duda problemáticas.

    Es de esperar que lo de los coches oficiales, que por principio deberían de desaparecer salvo alguno para incidencias, pase, y que también pasen, a la mayor brevedad posible, todas esas cosas que provocan división innecesaria entre los ciudadanos, y que comience a visualizarse el verdadero cambio. Podría comenzar por la desaparición de los dramáticos desahucios que, de conseguirse, significaría un hito histórico, un antes y un después en nuestra vida ciudadana.

    Quitar cuadros o banderas, no acudir a determinados actos, eliminar selectivamente la subvención a algunas actividades y demás actuaciones de postureo político-social, no justifican una legislatura, ni garantizan un segundo mandato, que es tan necesario para que un programa de cambio pueda desarrollarse.

    El número de municipios en España es un auténtico disparate. El Consejo de Europa ha señalado, repetidas veces, que 10.000 habitantes es la cifra mínima para la viabilidad de un municipio. Compárese con lo que sucede en Asturias, que con 78, no es lo peor en cuanto a número de ayuntamientos. Se dice para justificar la situación que muchos ediles no cobran, e incluso que ponen dinero de su bolsillo para realizar su labor, y esto es una verdad a medias: los ayuntamientos tienen un presupuesto, y unos gastos de funcionamiento ordinarios, que no son solamente los gastos de sus concejales. Es decir donde hay un ayuntamiento hay una pluralidad de gastos, algunos de los cuales serían evitables sí hubiese una concentración de los mismos. Sí la administración del Principado no fuese tan inmovilista como acostumbra tendría ahí una magnífica ocasión de modernizar nuestra vida municipal, promoviendo la reducción de los 78 hasta una cifra mucho más racional.

    Otra anomalía, esta vez nacional, es la existencia de las anacrónicas y, demasiadas veces, caciquiles Diputaciones Provinciales, cuya principal misión parece ser que es la colocación, o recolocación, de personal de variopinta procedencia. Por eso hay que ser moderadamente pesimista sobre su eliminación. Partíamos, antes de la Constitución, de una administración de base provincial y se pasó otra de base autonómica, pero eso sí manteniendo la administración provincial de ámbito local preexistente; un caso de libro de mantenimiento del estatuquo que hace que se superpongan cuatro administraciones: local, provincial, autonómica y estatal. Las reformas pendientes que, al parecer, nadie quiere abordar son tanto la concentración de ayuntamientos como la eliminación de las diputaciones provinciales. Tal vez se hagan esperar, pero llegarán.

    A los nuevos y también a los veteranos en esas lides, aunque a estos últimos con menos esperanza, hay que pedirles ambición en los cambios. Sí lo que resulta es más de lo mismo se volverá votar también a los mismos: tienen más experiencia en no hacer nada nuevo.

     

     

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