Blog 
Mirar y ver
RSS - Blog de Manuel Cores Espiñeira

Archivo

  • Lecciones del BREXIT.

    Llama la atención la rapidez con que se ha producido el cambio de Primer Ministro en Gran Bretaña. El saliente hizo una apuesta muy arriesgada, para los demás claro está, la perdió y se marcha. Hay que alegrarse de su ida,   por aquello de que no hay dos sin tres, y a saber cual pudiera ser el tercer referéndum que se le pudiera ocurrir convocar a Mr. Cameron.

    Le sustituye una miembro de su partido, que hizo campaña en contra del Brexit y que ahora se encargará de llevarlo a cabo, dándonos de paso una lección de cómo debe de entenderse el respeto a la voluntad popular, y de cómo debe de funcionar la Administración Pública. Frente a lo que sucede en otras latitudes siempre se ha puesto de ejemplo que los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo las privatizaciones de servicios, ordenadas por el Gobierno de la Sra. Thatcher,fueron los mismos que se encargaron de que volvieran al sector público cuando otro Gobierno así lo decidió.

    No hay duda de que nuestra Función Pública podría hacer lo mismo que hizo en su día la británica, y que ahora, con el Brexit, continuará haciendo. La única diferencia, y por supuesto nada baladí, es que mientras allí, salvo bajas por causas naturales, los funcionarios, entendiendo este concepto en sentido amplio, son los mismos. Aquí no es así y no tanto por bajas naturales, que en eso no somos distintos a los británicos, sino por las bajas artificiales en todos los puestos susceptibles de ello, que nos retrotraen a la época de Cánovas y Sagasta con esas cesantías en versión moderna, y por las altas artificiales que llenan la Administración Pública de personas cuyo merito principal son pertenecer a una familia determinada, tener contactos adecuados, o compartir una concreta ideología política. Hay que tener en cuenta que tanto la familia política, como los contactos o la ideología pueden ser de quita, pon y saca, lo que aumenta las posibilidades de encontrar el hueco adecuado que permita obtener los beneficios que se derivan del capítulo I del presupuesto.

    Claro está que hablar de una función pública moderna y profesional manteniendo vestigios de otra época, como las Diputaciones Provinciales, es un ejemplo claro de oxímoron. En las Autonomías uniprovinciales han desaparecido las Diputaciones, al asumir sus competencias la Administración Autonómica, y no ha ocurrido ningún cataclismo. Las Autonomías a través de sus servicios provinciales pueden hacer lo que hacen las Diputaciones Provinciales, tan bien o mejor. El problema puede ser la bolsa de personal no funcionario que existe en esos órganos, y el otro problema alegado, que es disponer de un foro provincial de debate, puede solventarse de muchas maneras, a través de los Parlamentos Regionales o de Comisiones Provinciales de Gobierno por ejemplo, pero ni mantener personal no funcionario, ni buscar un foro de debate adecuado a la realidad provincial justifica la pervivencia de estos órganos, perfectamente prescindibles. Como decía alguien en Alemania, que es un estado federal, no hay Diputaciones Provinciales. Aquí solamente Ciudadanos propone su desaparición, pero no faltará quien opine, gente de poca fe, que eso es debido a que todavía no dirigen ninguna.

    Pero el desajuste de nuestra administración territorial no termina ahí: tenemos 4.862 municipios, aproximadamente la mitad de los 8.114 existentes, con menos de 1.000 habitantes, lo que hace que sean prácticamente inviables, a pesar de que sus concejales se dejen la piel y gasten de sus propios bolsillos, según afirmación propia y de conmilitones, para mantener una situación sin futuro. Como ejemplo decir que Inglaterra, con un territorio más reducido-130.000 km2- y una población mayor -53 millones- tiene 326 distritos, y 8.700 parroquias en las zonas rurales, que constituyen el armazón de su gobierno local.

    Algo tendrán que hacer en los próximos años los encargados del Gobierno para meter tijera en este desbarajuste, por caro, caciquil e ineficiente, que no sirve ni para fijar población, ni para aumentar la producción, o la riqueza, de nuestro territorio. Un poco de pragmatismo no vendría mal, pero perder poder o unidades administrativas, aunque sean inservibles para el bien general, de motu propio, no parece estar en el ADN de gran parte de nuestra llamada clase política.

     

    Denunciar
    Compartir en Twitter
    Compartir en Facebook