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  • Los números de 2017.

    A vueltas con los números del 2017, que no pintan bien. Las previsiones oficiales hablan de reducir el déficit, uno de los grandes problema de nuestra economía, del 4,6% del PIB previsto para 2016, (penúltima cifra disponible) al 3,1% para 2017. Es decir hay que reducirlo en, aproximadamente, 16.000 millones de euros. Esto no se debe a que nuestros gobernantes sean justos y benéficos como decía, refiriéndose a los ciudadanos, la Constitución de 1812, sino a que nuestro país está sometido al “protocolo por déficit excesivo” por parte de la Unión Europea (UE), y por ello nuestras cuentas son seguidas con interés y preocupación. Somos la cuarta economía de la zona euro- las tres que nos preceden son Alemania, Francia e Italia- y somos, por nuestro tamaño, irrescatables, de ahí la preocupación de la UE por nuestras cifras , y especialmente por el déficit recurrente que presentan.

    La subida de impuestos prevista, por el momento, para 2017 se limita a bebidas azucaradas, alcohol exceptuando, al parecer, al vino y a la cerveza, tabaco y sociedades, estimándose en 5.000 millones de euros el aumento de recaudación esperado.

    También en estos días hemos tenido noticia del rescate, técnicamente Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), de una seria de autopistas, construidas con una evidente alegría, que no han cumplido con las expectativas de tráfico previstas. El coste de esta RPA se acerca a los 5.000 millones de euros, de modo que sí se pagan en 2017 habría que traer a colación aquello de lo comido por lo servido. En este desastre ha tenido un papel destacado el precio de las expropiaciones de los terrenos que, sentencia del Supremo por medio, alcanzaron los 2.000 millones de euros, llenando las alforjas de los propietarios de ese suelo, entre los que se encontraban familias como los Abelló, los Franco y los Serrano Suñer. Hay un refrán gallego que dice “corre o ouro pro o tesouro” y, visto lo visto, no parece que ande muy desencaminado este viejo dicho.

    Fiar a la mejora de la gestión, a la eficiencia en el gasto, a las actuaciones del Plan CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), o a las del PRPIP (Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal), y demás propuestas de parecido jaez, la consecución de los ahorros necesarios para cuadrar las cuentas revela o bien el pensamiento partidista, en cuyo caso nada hay que decir, o bien la bondad innata, la ingenuidad, la ignorancia, o cualquier otra característica anímica que no augura nada bueno para quien así piense, salvo que se considere que ser víctima potencial del tocomocho, del nazareno o de cualquier otro timo sea algo deseable en si mismo.

    Quedan pocos caminos para conseguir la reducción del déficit que nuestros socios de la UE nos piden. En esencia son tres, o la combinación de los mismos: recortes del gasto, aumento de los impuestos actuales y/o creación de otros nuevos y la más deseable que es el crecimiento económico y el aumento de la riqueza, y de la recaudación, que ello comporta. ¿Por dónde irán los tiros?, pues aunque es muy difícil aventurar el futuro posiblemente tengamos de todo: crecimiento económico insuficiente para soportar por si sólo la reducción del déficit, recortes y aumento de la presión fiscal.

    Además lo de las pensiones, en concreto su financiación y el acceso a las mismas, será el tema estrella del próximo año. El Gobierno parece haber renunciado a adelantar las medidas de racionalización- en este vocablo entra todo- ya aprobadas y que tienen un plazo de aplicación relativamente largo y que, evidentemente, están pensadas para gastar menos. El tema estrella son las pensiones de viudedad y orfandad, que suponen más de 20.000 millones de euros, y que se estudia que sean financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dada su naturaleza no estrictamente contributiva en un sistema de reparto. El problema no es cambiarlas de sitio ni de naturaleza, lo que puede suponer modificaciones conceptuales de calado en las mismas, sino que sigue siendo los más de 20.000 millones que cuestan. No hay que descartar nada en esta prestación, incluso ronda por ahí la idea de un nuevo tributo, finalista, para financiar las pensiones, similar a una figura impositiva francesa, que puede tener recorrido.

    A todo lo anterior, que no es poco, se suma la previsible subida de intereses por parte del BCE, que afecta muy seriamente a países endeudados como el nuestro, el incremento en el precio del petróleo y la incertidumbre que suponen tanto la llegada de Mr.Trump a la Casa Blanca, como las elecciones en algunos de nuestros socios comunitarios.

    Estos últimos cuatro años, con mayorías absolutas muy claras, han sido parcos en llevar a cabo las reformas profundas que necesita nuestro país. Ha habido parcheo y rebacheo, pero se ha perdido un tiempo precioso que costará recuperar; ya se sabe que los políticos son una cosa y los estadistas otra.

     

     

     

     

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