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  • Luchar contra la corrupción.

    En cuatro de las Comunidades Autónomas que han sido gobernadas por el mismo partido político durante periodos muy dilatados de tiempo (Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid) se acumulan los casos de corrupción. No es que esta lacra no esté presente en otras como Murcia, pero la dimensión política y la importancia económica de las señaladas en primer término hacen que lo que les afecta revista un sesgo especial. De estas cuatro Comunidades solamente en Andalucía no ha habido nunca alternancia política, si bien en las otras tres los periodos de gobierno por parte de la misma opción política han sido muy amplios. Aunque son los ciudadanos los que deciden con su voto quienes gobiernan, la alternancia política, sin ser la panacea como demuestra la experiencia, no está de más.

    La corrupción no es sino un tributo, o dicho más técnicamente una exacción ilegal, que la ciudadanía paga a los corruptores y a los corrompidos. Un sobrecoste no justificado, que cualquiera de las Administraciones Públicas paga a un contratista, acaba repercutiendo en los bolsillos de los ciudadanos que, a través de los impuestos liquidados a esa Administración, abonan ese sobrecoste. Otro ejemplo: las bombillas led que cuestan 75 euros, y se pagan por parte de la Administración a 150 euros, supone que los contribuyentes abonan, a través de los tributos pagados a esa Administración, 75 euros adicionales destinados al suministrado, y tal vez al suministrador .

    Como las empresas que contratan con las diversas Administraciones Públicas tienen, lógicamente, ánimo de lucro, los regalos, viajes y dádivas de cualquier tipo o condición que se den  a los decisores en la contratación, serán repercutidos en el precio final a pagar por la Administración correspondiente, y en último término por el ciudadano del común.

    Hay evidentemente métodos más sofisticados como puede ser, por ejemplo, imponer condiciones a la ciudadanía , o a una parte de ella, en beneficio de un grupo de presión, o elite extractiva, que verá aumentados sus ingresos a costa del sufrido contribuyente; todo ello con un beneficio social nulo, o muy inferior al precio abonado. También los contratos leoninos, las ventas de patrimonio público a precio de saldo y la entrega a particulares, mediante concesión, o cualquier otra fórmula, de servicios públicos rentables, para que el capitalismo de amiguetes no decaiga, son otras de las variadas formas para que de los bolsillos de los ciudadanos salga el flujo de dinero que mantiene engrasada la maquinaria de la prevaricación y el cohecho.

    Para que hablar de la legión de asesores que no son más que miembros del partido de turno, familiares, de iure o de facto, o simplemente amigos que encuentran un modo de vida a costa del presupuesto, sin aportar a cambio nada medianamente útil a la ciudadanía que les paga.

    Todo ello empobrece a la sociedad y por eso en una época dura como la que nos está tocando vivir, y que según todos los presagios se endurecerá aún más, estas prácticas se toleran peor. Cuando de los bolsillos llenos, o semillenos, caen algunas migajas para alimentar la maquinaria de la corrupción se nota poco el quebranto. Pero cuando están un poco, o un mucho, vacios todo aprovecha para el convento. Y es la reacción social, y no la voluntad del poder, la que encabeza la pequeña revuelta que cambia el rumbo de los acontecimientos, y es que, como dice el refrán, la avaricia rompe el saco, en este caso el saco de la complacencia agujereado por la crisis y la precariedad.

    Queda mucho que hacer para luchar, en serio, contra la corrupción. Don Quijote de la Mancha le dio a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, un sabio consejo “No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan….. “ y no se ha seguido esa recomendación. Se hacen leyes, cuantas más mejor, pero la de enriquecimiento injustificado, la de responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos y la de blindaje de los denunciantes, junto con la eliminación de, prácticamente, todos los aforamientos, excepto si se quiere, como sucede con los jueces, para los asuntos relacionados directamente con la función desempeñada, brillan por su ausencia. Pero eso sí, darían mucha credibilidad al tan pregonado propósito de marchar, decididamente, por la senda de la ética pública.

     

     

     

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