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  • 18
    Marzo
    2015

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    Seguros medicos y reforma de Obama.

    Sanidad publica en EE.UU.

    EE.UU. es el único país desarrollado de la OCDE que no cuenta con un sistema de cobertura sanitaria universal. Es además el país de la OCDE, y del mundo, con mayor gasto sanitario-17% del PIB, que es el doble de otros países y el 50% más que Suiza y Noruega - y menor cobertura entre los países desarrollados. Hay que señalar que los restantes países de cultura predominantemente anglosajona –Reino Unido, Canadá, Australia y Nuevas Zelanda- tienen sistemas sanitarios de cobertura universal, bien sea mediante Cajas de Seguro-modelo Bismarck-como Alemania o Suiza, o mediante Servicios Nacionales de Salud- modelo Beveridge- como en España.

    Hasta ahora, en EE.UU, la sanidad financiada públicamente, para el común de la población, se desarrolla a través de dos instrumentos-Medicare y Medicaid - creados en 1965 por la ley de Seguridad Social aprobada por el Presidente Johnson, y del programa SCHIP:

    -          MEDICARE: Para dar cobertura sanitaria a mayores de 65 años, además de personas jóvenes consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como cáncer insuficiencia renal con necesidad de diálisis y otras. También financia la formación de médicos residentes.

    -          MEDICAID: Destinado a adultos menores de 65 años con ingresos individuales de hasta aproximadamente 15.000 dólares al año, equivalentes al 133% del nivel que el Gobierno Federal considera como el umbral de la pobreza.

    -          SCHIP: Para dar cobertura a menores de edad cuyas familias no cumplen los requisitos para acceder al Medicaid, y no pueden pagarse un seguro privado.

    Estos seguros cubren, aproximadamente, al 27% de la población; añadiendo el 55% con seguro médico de empresa, y el 5% con seguro privado dan una cobertura del 87%.Hay por tanto un 13% sin ninguna cobertura, lo que supone más de 40 millones de personas  (autónomos, trabajadores por cuenta ajena sin seguro medico,parados,personas que no pueden acogerse ni al Medicare nial Medicaid etc.). Por cierto las prestaciones de estos seguros son muy inferiores a las que, a nivel europeo, estamos acostumbrados;existen limitaciones en la asistencia. y las franquicias y copagos son muy altos.

    Por otro lado el coste de la asistencia es muy elevado, y teniendo en cuenta que los aparatos, instalaciones, fármacos y demás material son los mismos, o similares, a los que se utilizan en España, este sobreprecio solamente puede deberse a que los gastos de administración y gestión sean muy elevados, a que las retribuciones del personal sanitario también lo sean y a las ganancias de las compañías aseguradoras, de las farmacéuticas y de los propietarios de los centros sanitarios. Modificar alguno de esos parámetros,especialmente reducir el coste de los seguros, es una de las pretensiones de la reforma sanitaria planteada por Obama.

     El plan Obama pretende cubrir al segmento de población que en estos momentos no tiene seguro médico, ni es lo suficientemente pobre para ser incluido en el Medicaid , obligándoles a contratar uno, bajo amenaza de multa de hasta el 1% de los ingresos tributables, en caso de no hacerlo en un plazo prefijado. Sí la persona carece de medios suficientes para afrontar el coste de la prima, recibe una subvención gubernamental. Esto afecta a las personas y familias con ingresos entre el 133% y el 400% del umbral de pobreza. Combina de alguna manera el modelo Bismarck y el Beveridge.

    El Obamacare afecta también a las empresas con más de 50 y menos de 100, trabajadores que tendrán que ofrecer, obligatoriamente, un seguro médico básico a sus trabajadores a partir de 2016.

     En estos momentos hay 12 millones de asegurados a través del Obamacare, lo que, según el Gobierno, cumple con sus expectativas y son la defensa fundamental del cambio; unos millones más de afiliados y la marcha atrás será ya muy difícil. Las amenazas a este plan vienen, fundamentalmente, del poder legislativo, ya que tanto el Congreso como el Senado son de mayoría republicana opuesta a este plan. Existen también pleitos pendientes en el Tribunal Supremo que afectan a la facultad de imponer multas a los no asegurados, lo que es un factor fundamental de la reforma, y a la presunta invasión del Gobierno Federal en las competencias de los Estados. No se puede echar en saco roto el poder del lobby representativo del complejo asegurador-farmacéutico-sanitario que vislumbra un posible cambio de paradigma, ni la mentalidad de una buena parte de la población que no ve con buenos ojos la “intromisión” del Gobierno en esta materia. En resumidas cuentas que por enemigos no quede.

     En estos tiempos en los que abundan los liberales a tiempo parcial, la consolidación de este modelo de aseguramiento en los EE.UU. es un paso adelante para los liberales a tiempo completo, y para los defensores de la sanidad pública.

     

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