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Blog Perspectiva desde Gijón - Francisco Garcia Redondo

Francisco Garcia Redondo

Profesor de Geografía e Historia

Sobre este blog de Gijón

Crítica constructiva sobre la candente actualidad. Archivos 2008, 2009 Y 2010: http://blogs.lne.es/pacoredondo/


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  • Qué constitución española.

    Qué constitución española.

    ¿Hay consenso para una reforma constructiva?

     

       Elecciones en Grecia. ¿Refundar Europa desde el sur? La Constitución española de 1978, democrática y autonómica, fue ejemplo de transición consensuada. Después de la inestabilidad política del siglo XIX, caracterizado por los constantes cambios de gobierno, golpes de Estado, revoluciones y guerras carlistas, y cambios de constitución por otra partidista cada dos por tres, y de la larga y cruel guerra civil de 1936 a 1939, que dio lugar durante 40 años a la dictadura franquista de derechas,  la constitución vigente del 78 representa la reconciliación y la concordia, al ser elaborada por consenso entre las fuerzas políticas más representativas, desde la AP de Fraga (hoy el PP de Rajoy), hasta el PCE de Santiago Carrillo (hoy, IU), pasando por la centrista UCD de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González y los nacionalistas catalanes. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por abrumadora mayoría, incluida Cataluña. Representa la transición convenida y pacífica de la dictadura a la democracia pluralista. Si bien define el régimen como monarquía parlamentaria, en realidad es una partidocracia gubernamental, pues el parlamento y sobre todo el rey pintan muy poco. Los proyectos de ley los elaboran los técnicos del gobierno, y el monarca solo es un primer embajador. Hoy en día parece papel mojado, y se reclama desde su matiz o su reforma hasta su superación o su inutilidad, caso de quienes insisten en reclamar la independencia unilateral, especialmente en Cataluña y el País Vasco, que cuenta con un régimen foral privilegiado.

       Por una parte está el asunto de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español de manera indivisible, aunque se reconoce el derecho a la autonomía en una ambigua distinción entre “regiones y nacionalidades”, que da pie a entender que hay comunidades de primera y de segunda categoría. Quienes reclaman el estado federal, no explican en qué se diferencia del actual autonómico existente: ¿qué mayor autogobierno pueden tener  Cataluña y el País Vasco? ¿Se van a conformar los independentistas con alguna transferencia de competencias o fleco presupuestario más? El cambio de la constitución se previó estableciendo un listón muy alto para su posible reforma, que establece 2/3 de los diputados –no vale solo mayoría absoluta-, para requerir un amplio consenso, y por ello mantener unas reglas del juego acordadas y estables. Frente al argumento que cualquiera tiene derecho a decidir sobre cualquier cosa, y por deducción al absurdo en cada ciudad cada barrio cuyos habitantes pagan más impuestos proporcionalmente que otros por tener una renta más alta, podrían aducir que son robados y reclamar su independencia del resto de la ciudad. La partidocracia tiende a degenerar en casta y abuso. Que no se arregla con promesas de honradez y transparencia sino practicando la democracia interna los partidos, y los controles en el ejercicio de las tareas de gobierno y administración de los bienes y presupuestos públicos: auditorías y rendición de cuentas del patrimonio propio y cónyuge al principio y final de cada mandato.

       El tema está candente en materia regional y social. Tras el relativo fracaso de la consulta secesionista del reciente 9 de noviembre en Cataluña, CiU y ERC –que juntos no obtendrían mayoría en el parlamento autonómico según las encuestas- polemizan sobre la oportunidad y conveniencia de unas elecciones plebiscitarias y lista única de partidos secesionistas, sin aclarar si seguirían en la Unión Europea y el euro: ¿se puede estar unido y separado a la vez del resto de España y Europa?  Eso de lista única suena a partido único “de los buenos”, lo cual en Europa en el siglo XX, tanto por el lado de la extrema derecha como por el de la extrema izquierda ha dado lugar a regímenes totalitarios y sectarios, excluyentes y violentes. Los nacionalismos –que creíamos obsoletos- arrastraron a las dos grandes y devastadoras guerras mundiales de la primera mitad de la anterior centuria en nuestro continente. Se habla de los derechos sociales, aunque a veces como si fueran deberes. Si una persona tiene derecho a una vivienda ello no implica que el estado tenga la obligación de regalársela, sino que el habitante tiene derecho a comprarla, alquilarla o construirla y disponer en propiedad de ella, sin que se lo puedan prohibir o impedir. La función del estado debe ser propiciar la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados que al final deriva en injusticia personal y social. Para lo cual debería haber una política económica eficaz para estimular el crecimiento del PIB, y por tanto de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos para poder comprar un piso digno, y de las administraciones para financiar las políticas sociales.

    (Adaptado del artículo publicado los jueves en La Nueva España de Gijón en papel)

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