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Blog Perspectiva desde Gijón - Francisco Garcia Redondo

Francisco Garcia Redondo

Profesor de Geografía e Historia

Sobre este blog de Gijón

Crítica constructiva sobre la candente actualidad. Archivos 2008, 2009 Y 2010: http://blogs.lne.es/pacoredondo/


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  • 27
    Abril
    2014

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    Que Estado español

     

    Sobra la grasa, no el músculo administrativo

       De moda en Europa reducir la administración para ahorrar. Italia anuncia la disminución drástica del número de sus provincias, setenta y tantas para una nación con la mitad de superficie que España, mientras el nuevo primer ministro francés Manuel Valls  propone reducir a la mitad el número de regiones del país y acabar con los consejos departamentales, dentro de una reforma estructural de la política local, pues Francia cuenta actualmente  con 22 regiones metropolitanas y cinco de ultramar. En realidad Francia no cuenta con demasiadas regiones si consideramos que su superficie es algo mayor que la de España y su población de unos 66 millones de habitantes. Lo que tiene Francia numeroso, desde la reorganización administrativa napoleónica, son 100 departamentos, equivalentes a nuestras provincias, pero ahí no se atreven a tocar la tradición, verdadero entorno político de los ciudadanos. En Asturias el debate no es prioritario por cuanto, excepto algunos concejos occidentales pequeños en extensión y población, sus 78 concejos están arraigados y son relativamente funcionales, en comparación con los más de trescientos municipios de provincias como Burgos o Salamanca, que no llegan al medio millón de habitantes. Lo importante no es el número de unidades administrativas, cuanto el servicio que prestan a la ciudadanía y su coste.

       La reorganización administrativa española data de 1833 con Javier de Burgos, 50 provincias cuyo criterio era estar a menos de un día de distancia en tiempo de viaje de la capital. Hoy en día esta apreciación ha quedado muy superada por las autovías, que permiten recorrer 120 kilómetros en una hora de coche individual. El debate es si hay ineficiencias administrativas y conviene reducir autonomías, diputaciones o ayuntamientos en aras de una administración más austera y un servicio más eficiente. Se trata de disponer de una administración cercana y práctica.  La cuestión no estriba tanto en reducir cifras cuanto en evitar duplicidades administrativas, pues si los organismos realizan una función eficaz resultan baratos a medio plazo, y caros en cuanto los redundantes trámites implican burocracia y despilfarro, como nos recuerdan los frecuentes gráficos en internet comparando plazos y precios respecto a otras naciones europeas, para abrir una empresa o comercio en materia de autónomos en la España del 25% de parados. Si para pagar el impuesto de la renta ya solo vale la declaración por internet, ¿por qué para recibir servicios y disponer de iniciativas y oportunidades hay que continuar con papeleos y trabas anacrónicas, que frenan en vez de impulsar?

        Dos aspectos fundamentales en el debate sobre la sostenibilidad estructural del estado del bienestar, ahora que empieza a superarse la crisis económica coyuntural  a pesar de nuestros políticos que reaccionaron bajando sueldos y subiendo impuestos, y por tanto alargando y agravando la crisis, son la sanidad y la educación. Pero el debate sobre si el estado debe recuperar las competencias en enseñanza y sanidad puede esconder el sentido y contenido, si no precisamos que entendemos por competencias. En efecto el estado a través de su gobierno central, por ejemplo, debería hacer la cumplir la constitución y legalidad vigente derivada, que establece que el español  es la lengua oficial común de la nación, que todos tienen la obligación de conocer y el derecho a usar, incluida por tanto la enseñanza, español ahora acosado en las aulas por el catalanismo rancio y sectario. No se trata pues de que los colegios de Barcelona, Sevilla o Gijón se gestionen mejor desde Madrid, cuanto de crear un verdadero marco de derechos y deberes iguales para todos los ciudadanos en todas las regiones de España, incluidos docentes, alumnos, sanitarios y pacientes. Para ello no es preciso volver al centralismo ni la uniformidad, si nos gusta España plural y cordial, cuanto establecer una tarjeta sanitaria común y un estatuto docente nacional.

    (Adaptado del artículo semanal publicado en La Nueva España de Gijón en papel)

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