Perlora,
Braulio FERNÁNDEZ
El proyecto de privatización de la Ciudad de Vacaciones de Perlora se encuentra paralizado, tras haber vencido, a mediados de febrero, el plazo establecido para la constitución de la unión temporal de empresas (UTE) de la que debían participar las seis firmas adjudicatarias de la explotación del complejo turístico durante los próximos cincuenta años.
La activación de una sindicación de acreedores, previa al establecimiento de una suspensión de pagos, hacia una de las empresas implicadas en el proyecto, Diseños Inmobiliarios Urbanita, es la causa probable del retraso en la constitución de la UTE, al no poder garantizar la asunción de los compromisos presupuestarios del proyecto. Con el inicio de este supuesto proceso de intervención judicial en la empresa, el resto de firmas participantes tendrían que hacerse cargo de su parte de la inversión, lo que ha motivado el retraso en la constitución de la UTE, que no se ha producido.
De las seis empresas implicadas tras un concurso abierto por el Principado en la primavera de 2007 y del que fueron las únicas candidatas, un tercio de las partes estaría comprometida por este concurso necesario de acreedores o suspensión de pagos, al darse la circunstancia de que el administrador de Diseños Inmobiliarios Urbanita es, además, adjudicatario del proyecto por su cuenta, en la persona física de Manuel Ángel Menéndez Martínez. La sindicación de acreedores contra Urbanita está siendo llevada a cabo por el gabinete madrileño de Suárez y Cobo, S. L.
De ser admitido el recurso de los demandantes contra la empresa, y una vez el juez de lo mercantil dicte sentencia para la constitución de un concurso necesario de acreedores, Urbanita estaría inhabilitada para el desarrollo de sus funciones, comprometiendo a sus socios en la UTE de Perlora, teniendo estos, asimismo, que hacerse cargo de la parte proporcional de su inversión, según explican abogados consultadas por este periódico.
De este modo, todo parece indicar que, en la actualidad, no son problemas jurídicos formales los que impiden la constitución de la UTE de Perlora, sino más bien la inestabilidad futura del proyecto impulsado por el Principado de Asturias. Fue la Administración regional la que, en octubre del pasado año, resolvió adjudicar la explotación de la emblemática Ciudad de Vacaciones de Perlora, que operaba como destino turístico sindical desde 1954, a la oferta presentada por las empresas asturianas Contratas Iglesias, S. A., Diseños Inmobiliarios Urbanita, S. L., Urogallo Langreo, S. A., Urogallo Entrego, S. A., Toribión Gestión de Ocio, S. L. y la persona física Manuel Ángel Menéndez Martínez. Este grupo de empresas debía constituirse en una UTE, en la cual el Principado tendría una participación del 20 por ciento, como recogía el pliego de condiciones.
La pasada semana, después de que el Gobierno regional diese respuesta a las preguntas del Partido Popular acerca de la constitución de la UTE, los conservadores anunciaron que problemas «jurídicos o patrimoniales» podrían poner en peligro el proyecto.
La zozobra en el proyecto llegaría, por tanto, causada por la supuesta inestabilidad de la empresa Diseños Inmobiliarios Urbanita, la cual se encuentra, por otra parte, inmersa en reclamaciones por parte del Juzgado de lo social y por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Esta empresa, con un capital social de 12.020 euros y con trece empleados, se dedica a la construcción, reparación y conservación de edificaciones, y, según cifras del registro mercantil de 2006, cuenta con un endeudamiento del 88,77 por ciento del activo de la empresa, un 15 por ciento más que la media del sector a nivel nacional.
