El aumento de edificabilidad en Perlora choca con las condiciones del concurso

El gobierno local se muestra cauto y exige a las empresas que reformarán la Ciudad de Vacaciones que aclaren el total de metros que quieren edificar

 
Una zona de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, en una imagen tomada ayer.
Una zona de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, en una imagen tomada ayer. braulio fernández

El contrato de adjudicación de las obras de la Ciudad de Vacaciones de Perlora puede quedar invalidado. Todo depende del informe que presenten los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Carreño, que analizarán si el aumento del índice de edificabilidad solicitado por la Sociedad Anónima de la Ciudad de Vacaciones de Perlora es o no legal. Según el pliego de condiciones del concurso de adjudicación del proyecto, esta obra debe ajustarse a los límites de construcción establecidos en las normas urbanísticas del concejo, que son de 0,25. Ahora las empresas quieren aumentar el baremo hasta el 0,45.

Perlora,


Braulio FERNÁNDEZ



El contrato de adjudicación de las obras de la Ciudad de Vacaciones de Perlora puede quedar anulado si la superficie sobre la que se pretende actuar excede el máximo de edificabilidad permitido por las normas urbanísticas municipales. Este límite, fijado en el planeamiento urbanístico vigente se establece en 0,25 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de superficie, pero las empresas han solicitado su ampliación hasta el 0,45. El Ayuntamiento de Carreño encargará a los servicios jurídicos municipales que elaboren un informe para determinar la legalidad o ilegalidad del proceso de adjudicación.



Si la solicitud de ampliación de la edificabilidad de los terrenos se plasma en el anteproyecto de Perlora, entonces el concurso para la licitación tendría que ser modificado a posteriori para ajustarse a las normas urbanísticas vigentes en Carreño. Según se recoge en el pliego de condiciones que rigió el concurso para la explotación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, «las obras de construcción del hotel y del resto de los equipamientos adicionales propuestos, así como la ordenación de la finca y sus edificaciones, se ajustarán al anteproyecto presentado por el licitador, adecuado a sus condiciones urbanísticas».



Todo indica que el proyecto presentado incumple las normas subsidiarias, a tenor de la documentación presentada en el Ayuntamiento de Carreño, en la que se solicita la reforma del reglamento urbanístico para que la adjudicación sea válida y legal. De esta forma, se abre la posibilidad de que sea la normativa la que se adecue al proyecto. Además, los catorce meses fijados como fecha tope para el inicio de las obras, según la Consejería de Economía, sólo serían justificables si fuese necesario aplicar una reforma de la normativa urbanística.



Desde el Ayuntamiento de Carreño prefieren, de momento, mostrarse cautos y esperar a la respuesta de las empresas sobre el total de metros cuadrados sobre los que se quiere construir. Además, creen que las obras presentadas en el anteproyecto no estarían sujetas necesariamente a una ampliación de los valores de edificabilidad, pudiendo ejecutarse con el 0,25 por ciento vigente. Sin embargo, y a tenor de la petición de ampliación, se espera a que la Sociedad de Perlora justifique la demanda de ampliación.



Las reacciones a la petición de las empresas de Perlora para duplicar el valor de edificación de la parcela han sido variadas en la forma, aunque no en el contenido. Desde el gobierno se ha indicado que el 0,45 solicitado por las empresas no parece «inicialmente» viable, aunque se prefiere esperar a la contestación por parte de las empresas adjudicatarias. Éstas mostraron un anteproyecto de Perlora muy superficial, según indicaron desde el gobierno, en el que no aparecen descritos los metros cuadrados de cada una de las instalaciones y superficies del futuro complejo. Cabe indicar que en el planeamiento urbanístico vigente, de 1993, se alude al bajo coeficiente de edificación de la Ciudad de Vacaciones como uno de sus principales atractivos.



Por su parte, el Partido Popular ha reclamado más información a las empresas para poder valorar si es o no necesario llevar a cabo una reforma del Plan General de Ordenación Urbana de Carreño. Los conservadores aseguran que se pronunciarán sobre la viabilidad del mismo «una vez se cuantifique la superficie de edificación prevista».



Sin embargo, desde la Unión Independiente de Carreño y Unidá-Andecha de Carreño ya se adelantó que los valores solicitados por la Sociedad de Perlora no son justificables, y que no apoyarán una ampliación de ese calibre. «La duplicación de los valores de edificabilidad vulnera las condiciones de la licitación, ya que implicaría la modificación de las mismas a posteriori», según Ramón Artime, portavoz de los independientes.



Santiago Artime, de Andecha Astur, calcula que pasar de un 0,25 a un 0,45 de edificabilidad supone aumentar de 60.000 metros cuadrados de superficie construida a 100.000, y eso significa «eliminar el gran atractivo de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, que es la forma en que sus construcciones encajan y se adecuan en el espacio natural».



Todos han incidido en que las empresas de Perlora han iniciado la vía administrativa para solicitar cambios en el planeamiento urbanístico de la parcela para conseguir que el proyecto sea viable. Si no se modifican las normas el proyecto quedaría invalidado, ya que, tal y como se especifica en las bases de licitación, éste es un requisito indispensable que, de incumplirse, conllevaría la disolución del contrato.



Serán los servicios jurídicos municipales los que, una vez respondan las empresas, evalúen la legalidad del cambio solicitado. En caso negativo, se contempla como opción estimar la nulidad del contrato con todas las empresas que pretenden llevar a cabo el proyecto de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.


Con este movimiento, la responsabilidad que el Principado derivó al Ayuntamiento de Carreño al supeditar el éxito del proyecto a la tramitación del nuevo planeamiento urbanístico local, ha sido traspasada a las empresas, que deberán ahora definir y justificar su demanda de reformas y la ampliación de la superficie edificable para la Ciudad de Vacaciones.

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