Señor don José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención ante las cámaras de TVE en el programa «59 segundos» del día 28 de abril, en la franja horaria de las 23.12 horas, afirmó usted, a preguntas de la moderadora, que «su corazón siempre se pone del lado del que menos tiene» y que por tanto «nunca como ahora se van a aumentar tanto las pensiones», añadiendo más adelante en otro momento de la entrevista que «hay que apreciar y no debemos olvidar de dónde viene uno».

Señor Presidente, estas frases en su contexto me estimulan para hacerle llegar mi reflexión sobre la precaria situación en que nos encontramos un importante colectivo de abogados que hace años no éramos admitidos a cotizar por el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, creándose en 1948 la Mutualidad General de la Abogacía como entidad de previsión para los abogados y única posibilidad de cubrir futuras contingencias, y que hoy formamos el colectivo de jubilados de dicha mutualidad, entre los que posiblemente también se encuentre su señor padre, como compañero de ejercicio en León, con pensiones congeladas de por vida, obligando a muchos, por razones obvias, a continuar en activo cumplidos más de cincuenta y dos años de ejercicio profesional.

Actualmente para los jóvenes abogados ejercientes por cuenta propia, la Mutualidad constituye una alternativa a la obligación de afiliarse al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, funcionando en régimen de autogestión gratuita con garantías análogas al resto de aseguradoras, siendo las prestaciones que paga la Mutualidad compatibles y no computan a efectos de máximos con las que el abogado reciba de los sistemas públicos.

Estas facilidades no las pudieron disfrutar el colectivo al que me refiero.

Más allá de la caricatura que la sociedad pueda hacer de la abogacía, es lo cierto el carácter público de la función ejercitada por los abogados, como profesionales libres que ejercen sus funciones por un interés propio, elegidos en régimen de concurrencia por el cliente y retribuidos por el mismo.

Es el abogado puro y duro que percibe una pensión vergonzante de su Mutualidad, de las más bajas en el mundo laborla (ni siquiera mileurista), entre 240 y 601,01 euros mensuales, quien se ha dejado la piel en una actividad profesional que exige ciencia, probidad y rectitud, por cuyo motivo debiera tener una cobertura social mínima a la que debe subvenir el propio Estado en la cuota-parte que le debe corresponder por las razones expuestas y por otras como las de haber sido colaborador necesario en el entramado de la Justicia al haber trabajado muchos años en el llamado beneficio de pobreza, no remunerado en aquel entonces, por lo que no parece resultar descabellado que el Estado subvenga y complemente a los profesionales que tienen por cobertura social el infamante monto que perciben de la Mutualidad hasta el fallecimiento del beneficiario, lo que supone un lacerante agravio comparativo con la situación de cualquier otro trabajador por cuenta ajena.

Señor Presidente, a nuestro compañero de profesión don Álvaro Cuesta Martínez, diputado por Asturias y abogado colegiado del ICAO, le hemos hecho llegar escritos que oficialmente hemos cursado a través de nuestro Colegio denunciando esta situación y que amplían los conceptos expuestos.

El deseo de mis reflexiones, escuchada su promesa de que «nunca como ahora se van a aumentar las pensiones», es que nuestra situación sea estudiada y corregida por el Ministerio de Economía, adoptando en consecuencia y de inmediato las medidas reparadoras adecuadas para que se pueda reanudar la actualización monetaria de las pensiones dentro de los parámetros de solidaridad y justicia, a los que creemos ser acreedores.

Federico Álvarez de la Ballina

Oviedo