Mieres del Camino, A. C.
«Queremos lo mejor para ella y por eso estamos en contra del concepto de manicomio de épocas pasadas, pero tampoco es lógico que permanezca en la enfermería de un centro penitenciario desde hace dos meses en vez de en un centro de salud mental». Con estas palabras lamentaron ayer los familiares de Rosa Pilar A. L., de 45 años, el estado en que se encuentra la mujer, enferma mental, ingresada en la cárcel de Villabona desde que el pasado mes de agosto asestara varias puñaladas a su madre -O. I. L. G., de 73 años- que le causaron la muerte.
La familia explicó, en un comunicado de prensa remitido a las agencias de noticias, que actualmente el Juzgado está en proceso de toma de declaraciones para el juicio. La fecha de la vista judicial aún no se ha hecho pública. Los parientes de Rosa Pilar A. L. , que se encuentran «expectantes» sobre cómo se desarrollará el proceso y lo que dicte la sentencia, aseguran que, «por el momento, no nos plantemos denunciar a la Administración pública del Principado y esperaremos a tomar esa decisión cuando se conozca la resolución del juez». La familia de la agresora espera, «por encima de todo, que se aclaren las circunstancias que rodearon el homicidio», y destaca «la dificultad que supuso y supone para sus allegados hacerse cargo de la acusada de matar a su madre». Con el futuro de Rosa Pilar A. L. por decidir, el coordinador del área de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), José Fernández, afirmó -semanas después del parricidio de Mieres- que la decisión «no es una cuestión que competa a Salud». «Habrá que evaluar varios factores, como su situación clínica, aunque el juez deberá ser quien determine la forma de tratamiento que reciba», indicó entonces Fernández. La familia había solicitado en múltiples ocasiones el internamiento de la joven, una de ellas ante la Policía Nacional en septiembre de 2004. Sus reclamaciones cayeron siempre en saco roto, ya que, según apuntaron, «ninguna institución quiso hacerse cargo de ella».
Fernández destacó que, «de momento, no se puede saber aún si la mierense acabará siendo internada». «Desde la Consejería consideramos que institucionalizar de forma permanente a personas con enfermedad mental es cerrar los ojos al problema y añadir una condena a pacientes y familiares», apuntaron fuentes del Ejecutivo regional.
Los portavoces de la familia de la agresora consideran «incongruentes» las responsabilidades que se les achacan a los enfermos mentales. «Es ilógico e incongruente que a un enfermo mental no se le considere responsable penal de sus actos, pero, en cambio, sí se le considere responsable para decidir sobre el tratamiento que debe seguir para controlar su enfermedad», apunta el comunicado familiar, que asegura: «Ni los médicos, ni la Policía, ni la justicia nos permitían darle su tratamiento médico de manera involuntaria, a pesar de que era peligrosa. Sus decisiones prevalecían sobre las nuestras. En cambio, cuando estuvo ingresada en centros hospitalarios o ahora que está en Villabona, sí le dan la medicación de manera forzosa».
