Mieres del Camino,

José A. ORDÓÑEZ

La campaña estival de pastos arranca envuelta en un cúmulo de protestas ganaderas. Junto al problema del lobo, los profesionales mierenses se quejan amargamente de la mala situación en que se han encontrado los pastizales del puerto de Pinos, enclave ubicado en territorio leonés pero perteneciente al Ayuntamiento de Mieres. Portavoces del sector denuncian que el «aprovechamiento excesivo» de los ganaderos de la provincia vecina hace que las mejores zonas «estén ya totalmente comidas».

Los profesionales mierenses consideran que su municipio es el «legítimo propietario» del puerto y que, por tanto, debe de ejercer una labor de control de los pastos que, ahora, echan en falta. Junto a un acotamiento efectivo, el sector reclama que, «como se hacía antes», los técnicos del Ayuntamiento de Mieres acudan a los pueblos de Babia «para censar el ganado que sube a Pinos dos veces al año». Es más, emplazan a la concejalía de Medio Rural a que evite que «las reses de León lleguen al puerto nada más que se quita la nieve y acaben con los mejores pastizales antes de que lleguen las de Mieres». Según los cálculos del sector, la cabaña leonesa en Pinos ronda los cuatrocientos ejemplares, la mitad yeguas y la otra mitad vacas.

Los ganaderos mierenses apoyan la creación de un nuevo reglamento que regule con claridad los aprovechamientos de este enclave de montaña. Es más, a su juicio, este documento «debe de velar por los intereses de los ganaderos locales», toda vez que, según apuntan los portavoces del sector, «el Ayuntamiento tiene que hacer valer sus derechos sobre un territorio que le pertenece». En este sentido, rechazan los movimientos iniciados desde la comarca de Babia para que la Junta de Castilla y León expropie el puerto a Mieres.

Otro de los motivos de queja de los ganaderos del concejo en este arranque de la temporada de pastos es que el retraso en la campaña de saneamiento ha hecho que numerosos profesionales no hayan obtenido todavía la documentación necesaria para acceder al puerto. Según un portavoz del colectivo, «los últimos controles se hicieron el 28 de mayo, quince días más tarde que en los años precedentes».