Mieres del Camino,

José A. ORDÓÑEZ

El mierense Luis Vicente Moro Díaz, delegado del Gobierno en Ceuta en la época de José María Aznar, ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión y a otros doce de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otro de prevaricación. Además, deberá pagar una multa de quince euros mensuales y una indemnización de 120.000 euros al magistrado Fernando Tesón, quien le demandó por haber filtrado al diario «El País» un informe «injurioso» en el que se le relacionaba con traficantes de drogas.

La Audiencia Provincial de Cádiz considera probado que, en 2002, Luis Vicente Moro (Figaredo, 1940) encargó y dio publicidad a un informe con el objetivo de dañar la trayectoria profesional del juez Fernando Tesón, entonces máxima autoridad judicial de Ceuta y presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con el que se encontraba enfrentado. El texto dio lugar a una noticia firmada en «El País» por José María Irujo en la que, bajo el titular «Denuncias por el fácil acceso de los narcos al presidente de la Audiencia de Ceuta», se daba cuenta de que «un informe cuestiona la libertad de tres mafiosos procesados por asesinato».

Además de Moro, que ha anunciado que recurrirá la sentencia, el tribunal también ha condenado a Alejandro Valle, entonces comisario jefe de la Policía Nacional en Ceuta, que pierde el cargo que ahora ostentaba en Valencia, y al jefe de prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto Franca.

Luis Vicente Moro es licenciado en Derecho y Graduado Social y facultativo superior de la Administración Central. Antes de hacerse cargo de la Delegación del Gobierno en Ceuta fue director general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD). En el ámbito de la empresa privada desempeñó la dirección general de la Confederación Nacional Española de Cultivadores de la Remolacha y Caña Azucareras. En 1996, con la llegada del PP al poder, asumió la subdelegación del Gobierno en Palencia.

El mierense tiene abierta otra causa judicial por la presunta expulsión irregular de unos inmigrantes menores de edad durante su etapa en Ceuta.