Pola de Lena,
José A. ORDÓÑEZ
El Defensor del Pueblo reclama al Ayuntamiento de Lena que le remita «urgentemente» toda la documentación que le pidió hace ahora un año sobre la situación legal de diversas instalaciones de obra asociadas a la variante ferroviaria de Pajares. Según consta en un escrito enviado a los colectivos vecinales que plantearon la denuncia ante este organismo, el departamento que dirige Enrique Múgica ha recibido la documentación que demandó a la Consejería de Infraestructuras, pero no así la del Consistorio, pese al tiempo transcurrido desde que admitió a trámite el asunto y abrió un expediente de investigación.
Los vecinos sostienen que diversas instalaciones de la Variante, entre ellas vertederos, sistemas de depuración e, incluso, una fábrica de cemento «no tienen licencia de Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ni del Ayuntamiento, ni de la Consejería de Industria». Además, afirman que las empresas han incumplido el compromiso de publicar los resultados semanales de los muestreos obligatorios sobre el agua corriente de la zona afectada, cuya calidad, según el vecindario, «se ha visto afectada negativamente».
Un portavoz de «El Mesqueiru», el colectivo que engloba al movimiento vecinal disconforme con la marcha de las obras, asegura que «todos estos temas están aún sin aclarar legalmente y, encima el Ayuntamiento se niega a contestar al Defensor del Pueblo». En esta línea, se preguntan: «¿Qué podemos hacer los ciudadanos para defendernos ante la ilegalidad, si ni siquiera se dignan a contestar? A su juicio, «sólo nos queda recurrir a la Unión Europea para denunciar la situación de ilegalidad de las instalaciones asociadas a esta obra, así como para denunciar el delito de grave daño medioambiental derivado de los continuos vertidos a los ríos».
Los vecinos lamentan que «el valle del Huerna, hoy parte del parque natural de las Ubiñas y la Mesa, se encuentra convertido en un valle industrial, plagado de instalaciones contaminantes y entre ellas, constante tráfico de camiones». Según «El Mesqueiru», las obras de la Variante «provocan que las casas se rajen, las fuentes se sequen, las carreteras se deterioren y las huertas se conviertan en vertederos». Por ello, el colectivo exige «que se nos escuche y que se remitan los informes solicitados por el Defensor del Pueblo, respetando así nuestros derechos constitucionales».
