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La crisis de la principal fuerza de la oposición del concejo
 

Los ediles díscolos del PP de Mieres recurren las sanciones para continuar en el partido

Los seis concejales afirman que nunca han barajado otras opciones políticas y que están dispuestos a acudir a los tribunales de justicia

 
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Mieres del Camino, A. V.
«Somos concejales del PP y vamos a luchar para seguir siéndolo y responder al compromiso adquirido con los vecinos que nos votaron». Así lo afirmaron ayer los seis ediles del PP de Mieres, que confirmaron que ya han recurrido las sanciones propuestas por el Comité de Derechos y Garantías regional a raíz de lo sucedido en el Pleno de presupuestos del 15 de junio en el que permitieron la aprobación de los presupuestos del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Mieres. Afirman que están dispuestos a agotar la vía administrativa, aunque no tienen «fe» en el PP de Asturias, y llegar a la vía judicial si no hay una solución.

Para los concejales Ana Cidón, Belén Asenjo, Secundino Vallejo, José Juan García y José Coto, el comité regional del PP ha pedido unas sanciones de entre 4 y 6 años de inhabilitación. Estos ediles enviaron las alegaciones el pasado día 2. Mientras, la propuesta de sanción para el ex secretario general Elías Álvarez es de expulsión definitiva. El todavía concejal popular presentó ayer, último día del plazo, el recurso contra esta decisión.

Los ediles aseguraron además que «en ningún momento se han barajado otras opciones políticas que no sean las de luchar por permanecer en el PP, que es nuestro partido».

Además, los concejales mierenses denunciaron que la resolución del comité regional en la que se proponen las sanciones «está basada en su mayoría en documentos filtrados por IU y en informaciones aparecidas en la prensa». Según apuntaron los ediles, «de los 4 folios de los que se compone la resolución, en tres se habla de IU». Los concejales díscolos acusaron directamente a la coalición de haber filtrado documentos, en concreto uno referente a la petición de IU de aplazar el Pleno de presupuestos en el que se ausentaron varios ediles populares. «El Comité de Derechos y Garantías nos recrimina que si sabíamos que IU había pedido el aplazamiento, nosotros teníamos que habernos sumado», afirmaron los ediles díscolos, que aseguran que no supieron nada del requerimiento de la coalición «hasta que a los cuatro días la dirección del partido nos informó de que se había presentado ese papel en el registro municipal».

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