Mieres del Camino,

J. VIVAS

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 falló a favor de cuatro militantes de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) que habían sido sancionados por el Ayuntamiento de Mieres con una multa de 1.200 euros por pegar carteles en la madrugada previa al 1 de mayo de 2009. Los demandantes consideraban que la sanción «constituía una violación del derecho fundamental de la libertad de expresión recogida en la Constitución».

Los jóvenes se encontraban pegando carteles por las calles por donde iba a transitar la manifestación del 1 de mayo cuando fueron identificados por miembros de la Policía en la calle Valeriano Miranda de Mieres. Sin embargo, días más tarde, les llegó a cada uno una notificación de que habían sido sancionados por el Ayuntamiento con una multa de 300 euros «por la colocación sin licencia de carteles de propaganda en lugares no autorizados del casco urbano de Mieres». Asimismo, se les señalaba que constituía «una infracción leve de acuerdo con el artículo 252,4 del TROTU (Texto Refundido de las disposiciones regionales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo)». Ante los hechos, los militantes de la Unión de Juventudes Comunistas de España interpusieron un recurso de reposición en el Ayuntamiento que fue desestimado por resolución de Alcaldía, con lo que decidieron acudir a la vía judicial. Así, a mediados de abril de este año se celebró una vista, cuyo fallo llegó varias semanas después.

El fallo del Contencioso Administrativo, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, señala que «no parece que el hecho de pegar carteles en una fachada tenga relación con el régimen del suelo», destacando que «no existe ordenanza municipal» que prevea la acción por la que se había sancionado a los otros jóvenes. Por ello, el juzgado obliga al Ayuntamiento a anular las cuatro multas y sus correspondientes sanciones.

Antonio Giganto, secretario de Organización de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que también fue uno de los sancionados, manifestó su «satisfacción» por el fallo judicial, señalando que este incidente «no se da sólo en Mieres, sino que nos ocurre en muchos municipios del país, curiosamente en muchos gobernados por el PSOE, quienes se amparan en ordenanzas de limpieza para coartar nuestra libertad».