Mieres del Camino,
David MONTAÑÉS
Los vecinos de Santa Marina, en Mieres, reclaman la retirada de la subestación eléctrica que E.On ha construido en las inmediaciones del barrio y cuya licencia ha sido declarada nula por el juez de lo Contencioso Administrativo. El abogado de los nueve mierenses que, a título personal, decidieron iniciar un pleito para evitar la presencia de la citada instalación en la cercanía de las viviendas y colegios explicó ayer a este diario que sus representados reclaman la eliminación de la subestación, cuya construcción ha tenido un coste de 3,5 millones de euros, para que en los terrenos se habilite una zona de recreo. «Mis clientes exigen únicamente que se cumpla lo establecido en la normativa urbana», señaló el letrado José Antonio Ballesteros.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Oviedo acaba de dar un duro varapalo al Ayuntamiento de Mieres al considerar ilegal la licencia que en 2009 concedió para que E.On pudiera construir la polémica subestación eléctrica. La sentencia respalda las denuncias planteadas reiteradamente por los vecinos y remarca incumplimientos de la ordenación urbana, pese a que el aparejador municipal elaboró, entre enero de 2007 y marzo de 2008, hasta tres informes favorables a la concesión de la licencia. El juez razona en su fallo que los terrenos en los que se ha construido el equipamiento eléctrico estaban recogidos en el plan parcial del Vasco-Mayacina como un espacio de «uso público», inicialmente reservado para el desarrollo de una zona de recreo. Además, puntualiza, como también han venido defendiendo los vecinos, que la subestación, según la ordenación urbana vigente, debería haberse construido en los terrenos del antiguo pozo Barredo, es decir, en las inmediaciones el campus universitario.
El nuevo Gobierno de Mieres ya ha anunciado su intención de no recurrir la sentencia, algo que sí podría hacer E.On en un plazo no superior a dos semanas. De hecho, la actual concejal de Urbanismo, Olga Álvarez , fue una de las voces más críticas con el proyecto durante el anterior mandato municipal, en el que IU ejercía labores de oposición. El PP tampoco vio en su momento con buenos ojos la concesión de la polémica licencia. Los populares anunciaron ayer su intención de plantear al equipo de Gobierno de Aníbal Vázquez la apertura de una comisión de investigación para depurar la responsabilidad de los anteriores gestores socialistas. El edil José Juan García valoró la gestión de este controvertido proyecto elevando el tono habitual de los reproches políticos: «A lo largo de todo este proceso hemos asistido a un continuo serial de engaños, mentiras y embustes con los que el PSOE y el anterior Alcalde han enfangado esta actuación». El citado concejal puntualizó que «desde un primer momento era evidente que la justicia acabaría dando la razón a los vecinos y a quienes les apoyamos desde un primer momento».
Dejando al margen las valoraciones y reacciones a la sentencia, el fallo del juez es conciso y claro y señala que «el acuerdo de 25 de mayo de 2009 es nulo de pleno derecho, por cuanto vulnera lo establecido en el plan parcial (...), así como lo establecido en el proyecto de urbanización del plan Vasco-Mayacina».
El juez también destaca la existencia de una informe de la secretaria municipal, contrario a los planteamientos defendidos por el aparejador, en el que la citada funcionaria ya remarca, en noviembre de 2010, los «vicios» del procedimiento. Si esta documentación hubiera sido incluida previamente en el informe de concesión de la licencia, el juez afirma literalmente que este hecho «permitiría incluso enjuiciar la labor de los miembros del órgano administrativo en ámbitos judiciales diferentes al que ahora nos encontramos».
