Mieres del Camino,
David MONTAÑÉS
Se acabaron los recortes en lonchas finas. El gobierno de Mieres deberá meter el cuchillo hasta el hueso si quiere lograr arrancar la «tajada» de cuatro millones de euros de ahorro que debe servir para cumplir con el real decreto de financiación de pago a proveedores aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ahora bien, se pretende que el tuétano salga intacto. El equipo de Aníbal Vázquez (IU) trabaja contra reloj en el desarrollo del plan de ajuste que debe presentar antes del 31 de marzo y que habrá de llevar a cabo antes del 31 de diciembre. A la espera de que los recortes en el gasto se etiqueten con nombres y apellidos, los responsables municipales adelantaron a este diario que la dieta financiera que deberá imponerse el Consistorio no conllevará pérdidas de puestos de trabajo, «ni temporales ni definitivas».
El alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, explicó a este diario que el plan de ajuste que está tomando cuerpo en el área de Intervención municipal no incluirá ni expedientes de regulación de empleo (ERE) ni el despido de personal eventual. «Desde que entramos en el Ayuntamiento nos fijamos como una prioridad, siempre que sea posible, proteger los puestos de trabajo». De esta forma, los algo más de 400 trabajadores que integran actualmente la plantilla municipal tienen, por el momento, garantizado su puesto. Ahora bien, la reorganización interna se prevé de gran magnitud y muchos salarios pueden verse reducidos, aunque de momento los gestores de IU no han profundizado públicamente en su línea de trabajo: «Tocaremos todo aquello que se pueda tocar», se limitan a subrayar.
La posibilidad de que el Ayuntamiento de Mieres se viera inmerso en una ERE es una tema que se ha tratado abiertamente con los sindicatos a nivel interno. Durante los últimos meses el gobierno local ha querido hacer entender a los sindicatos que la situación económica del Consistorio es casi límite. Las rígidas directrices establecidas por el Gobierno central obligan ahora a acelerar la toma de decisiones, que en muchos casos obligarán a los gestores de IU a comulgar a la fuerza con planteamientos incómodos. El recorte que tiene que abordar de manera inmediata el Ayuntamiento supone , en número redondos, el equivalente al diez por ciento del presupuesto del Consistorio. El Ayuntamiento se maneja con un desfasado presupuesto de 38 millones de euros. Este documento, esencial en toda planificación financiera, está prorrogado desde el año 2009 y, por lo tanto, no se ha podido adaptar a la nueva realidad económica, manteniendo los gastos establecidos en tiempos de bonanza pese a la brutal caída de los ingresos. Además, solo en gastos de personal se están pagando al año más de 18 millones de euros, el 47 por ciento del presupuesto. Por lo tanto, la administración local está obligada a «tocar» prestaciones salariales si quiere llegar al recorte de cuatro millones que se reclama desde Madrid.
