Pola de Lena, J. VIVAS

La cesión de las escuelas de Villallana para su conversión en pisos tutelados se hace esperar. La Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) -que encabeza el proyecto- lleva esperando la tramitación desde el pasado octubre. Este procedimiento es imprescindible para que la federación pueda solicitar la correspondiente subvención al Imserso. La convocatoria, debido al cambio en el Gobierno, también se ha retrasado con respecto a años anteriores, con lo que todavía tienen cierto margen de tiempo.

Dolores San Martín, presidenta de la FAMPA, señaló que «hemos seguido todo el proceso. Lo único que queda es que el Ayuntamiento nos ceda las escuelas para que podamos presentarnos a estas ayudas». La última reunión mantenida entre ambas partes se celebró en octubre. Desde entonces, la FAMPA no ha tenido más noticias. «Sabemos que, en principio, no ha ningún problema por parte del equipo de Gobierno. Es más, respaldaron nuestro proyecto», aseguró San Martín. La presidenta estima que el retraso «puede deberse a un trámite burocrático. Aún así, nos urge».

La urgencia de la Federación de Asociaciones de Mayores se debe a la convocatoria de subvenciones del Imserso. La entidad pública saca cada año una línea anual de financiación que permitiría llevar a cabo la transformación de las escuelas en pisos tutelados. La intención de la FAMPA era haberse presentado ya a la convocatoria de 2011, pero llegaron fuera de plazo. Esta vez, y debido al retraso en los presupuestos estatales, la convocatoria no saldrá como mínimo hasta abril. La directiva ya mantuvo un encuentro con el Imserso el pasado verano. El instituto estatal se comprometió entonces a estudiar la viabilidad del proyecto y finalmente aceptó su propuesta a la espera de la convocatoria. «Han valorado nuestra idea de forma muy positiva. Esperamos que no haya problema para optar a las subvenciones estatales», aseguraba entonces la presidenta.

El proyecto de Villallana, pionero en la región, contempla la habilitación de apartamentos que serían ocupados por personas mayores válidas. Asimismo, contará con servicios comunes, como lavandería o cocina. «La idea surgió por las dificultades que se encuentran las personas mayores con autonomía a la hora de entrar en una residencia pública, debido a la ley de dependencia», señaló San Martín, y añadió que, además, «el proyecto cuenta con otra característica muy importante, que evita el desarraigo de sus beneficiarios. En este inmueble sólo podrán vivir personas del concejo lenense, que incluso podrán llevar sus propios enseres». La iniciativa surgió hace tres años a propuesta de la federación. Al principio, el proyecto iba a ser desarrollado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. La crisis, y su correspondiente recorte presupuestario, hizo que el Gobierno regional dejase el proyecto en manos de la FAMPA.