Mieres del Camino,

Andrés VELASCO

El farragoso proceso judicial entre la Diputación de León y la promotora asturiana Ski Golf Resort ha dado un paso más en favor de la constructora. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno leonés contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de León por el que la Diputación deberá abonar a Ski Golf Resort en torno a 3,5 millones de euros. La compañía asturiana reclamó por vía judicial a la institución gobernada por el PP una indemnización al no poder desarrollar un macroproyecto urbanístico en el suelo adquirido en la estación de San Isidro, entre otras cosas, por falta de línea eléctrica.

El fallo de la Audiencia Provincial estima que la Diputación leonesa va a tener que devolver la cuantía que ingresó por la venta de las parcelas en las que la promotora asturiana no pudo levantar los inmuebles que tenía previsto. Según el fallo, Ski Golf Resort deberá devolver a la Diputación las fincas que todavía le pertenecen con la urbanización y construcción que se haya ejecutado sobre ellas, libres de cualquier carga financiera o hipotecaria. Mientras, la institución leonesa deberá abonar a la empresa la cantidad de 2.339.773 euros por los terrenos. Además, la Audiencia ha respaldado la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia, y condena a la Diputación a pagar 909.463 euros en concepto de gastos de gestión urbanística, edificación y urbanización sobre las fincas. Por último, a los 3,2 millones de euros hay que sumar otros 288.170 por gastos de financiación, que en la primera sentencia, el juez no había estimado, pero que ahora la empresa asturiana también recibirá.

La promotora Ski Golf Resort decidió abandonar el proyecto de expansión urbanística en la zona de San Isidro en el año 2009, cuando consideró que la Diputación de León había incumplido el contrato suscrito para levantar un complejo alrededor de 400 viviendas. El proyecto urbanístico incluía un centro comercial y un complejo hotelero de gran lujo. Fue entonces cuando la promotora de capital asturiano decidió acudir a los juzgados, donde reclamó 6 millones de indemnización, que se han quedado en algo más de la mitad tras tres años de enfrentamientos judiciales.