Mieres del Camino,

Andrés VELASCO

A perro flaco todo son pulgas. Por si fueran pocos los frentes que tiene abiertos el Ayuntamiento de Mieres, se suma ahora la denuncia que ante la delegación del Gobierno ha presentado la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) por las «labores de vigilancia y seguridad que los miembros de la agrupación local de Protección Civil de Mieres ejercen» y que no estarían, a su juicio, «conformes a derecho».

El coordinador general de la asociación, Jorge Cuesta, explicó ayer a este diario que la demanda interpuesta ante la Delegación del Gobierno, y que ya está en manos de la Policía Nacional, «responde a que el propio Ayuntamiento de Mieres ha eludido sus responsabilidades después de que pusiéramos en su conocimiento la situación que se venía dando». La denuncia se ha formulado contra el Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Juan José Menéndez, el Comisario Jefe de la Policía Local de Mieres, Celestino Díaz y contra la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mieres.

Jorge Cuesta indicó que la denuncia surgió de varios asociados residentes en Mieres, que comprobaron como los voluntarios de Protección Civil ejercían labores de seguridad y vigilancia de diversas instalaciones municipales. Sin ir más lejos, el responsable de Avispa pone como ejemplo el servicio de vigilancia prestado por Protección Civil en el recinto ferial polivalente de Nuevo Santullano los pasados 21, 22 y 23 de diciembre con motivo de la feria del coleccionismo. Además, también indican en la denuncia que se han realizado labores en el Mercado de Ganados, las carpas que se instalan en el Parque Jovellanos y en conciertos durante las fiestas de Mieres.

«Por ser algo habitual, estos hechos suelen pasar desapercibidos, pero lo cierto es que va contra la ley que sea Protección Civil la que haga estas labores, porque no son personal cualificado como lo son las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado o los vigilantes debidamente titulados en su caso», indicó Jorge Cuesta, quién agregó que esta situación no solo se da en Mieres, sino en otros muchos puntos de la geografía española.

La denuncia ya está en manos de la Policía Nacional, y Avispa calcula que la resolución tardará en producirse «unos tres meses». Además, en el caso de que el resultado de la investigación y la posterior sentencia por la vía administrativa no sea satisfactoria, el colectivo de Vigilantes ya estudia llevar el caso a los tribunales.

«Tenemos constancia y pruebas de que estos hechos están sucediendo y van contra la ley, y como asociación tenemos que poner los medios necesarios para que se cumplan las normas», advirtió Jorge Cuesta, que finalizó asegurando que «no se puede poner en riesgo a la gente por ahorrarse dinero en contratar a personal cualificado».