La Policía Local de Aller vigilará que el camping de La Raya, en el puerto de San Isidro, no abra sus puertas para el inicio de la campaña invernal. Así lo decidieron los miembros de la corporación en una junta de portavoces en la que trataron este asunto.
El Ayuntamiento retiró la concesión a los herederos del impulsor de las instalaciones, Silvino Cordero, y estos acudieron al juzgado para tratar de conseguir la subrogación del contrato. Aún no hay una sentencia firme, pero los antiguos gestores han anunciado que abrirán las puertas del camping forma inminente.
Los problemas con el camping de La Raya se remontan al año 1985. Fue entonces cuando el impulsor de las instalaciones, Silvino Cordero, acordó con el Ayuntamiento la ocupación de un terreno municipal para levantar el complejo turístico. El acuerdo tenía una cláusula que dictaba que, a su fallecimiento, los terrenos volverían a ser propiedad municipal. Los herederos tendrían que decidir entre ceder las instalaciones al Ayuntamiento o derribarlas para devolver la parcela.
Silvino Cordero falleció el año pasado y sus herederos iniciaron una batalla para conseguir la subrogación del contrato de gestión. El pleno del Ayuntamiento acordó en agosto extinguir el contrato con la familia y los Cordero presentaron un recurso contencioso-administrativo. Hace una semana, el juez dictó como medida cautelar que se paralizara la cesión o el derribo de las instalaciones hasta que haya un fallo sobre la subrogación del contrato.
La familia Cordero asegura que la medida del juez también les permite continuar con la actividad, un extremo que el PP de Aller niega rotundamente. "La medida cautelar se refiere al derribo de las instalaciones pero no hace alusión a la actividad", señaló ayer el portavoz del PP, Juan Antonio del Peño. El edil también anunció que "toda la corporación se ha mostrado de acuerdo con vigilar las instalaciones estos meses, para evitar que se cometa una ilegalidad".
En este punto, Del Peño matizó que los miembros de la corporación "no somos jueces, pero tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de los vecinos del concejo de Aller". "Si alguien no se ajusta a la legalidad, tendrá que responder por sus actos", añadió el concejal. El equipo de Gobierno (PSOE) no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto.
