La mina de mercurio de La Soterraña, en Lena, cerró sus pesadas puertas de hierro hace cuarenta años. Han sido pocos los que se han atrevido a entrar, desde entonces, en el recinto de la explotación. La mina llegó a contar con cerca de un centenar de trabajadores y dejó tras de sí a un buen número de afectados por la toxicidad de sus entrañas. Los vecinos de la zona, cuatro décadas después, siguen reclamando la descontaminación del suelo en todo el valle de Muñón.
La explotación empezó a funcionar en 1950. Al principio, la empresa Mina La Soterraña S. A. se dedicaba a la extracción de arsénico y mercurio, pero pronto abandonó la producción del primer material porque no resultaba rentable. Su apertura significó un impulso para el sector industrial en el concejo y ayudó a que Lena alcanzara su máxima carga demográfica: 16.591 habitantes a principios de los años cincuenta.
Germán Mayora fue uno de los jóvenes lenenses que, con 18 años, encontró un puesto en la explotación. "Trabajé de almacenero, chófer, en el laboratorio y como mecánico", explica con la vista puesta en las antiguas instalaciones, que ahora están muy deterioradas. Detrás de sus muros, aún permanece el fantasma de la contaminación: "Algunos compañeros se ponían muy malos ahí dentro. Con vómitos y desmayos, especialmente por los gases que salían de los hornos giratorios", señala Mayora. La técnica de trabajo en La Soterraña es digna de estudio. Cristina Fernández Bustamante dedica un capítulo de su publicación "Explotación minera y actividad industrial en Lena" a esta explotación de mercurio. En el estudio señala que "en 1957, el sistema de destilación del mineral cambia, instalando dos hornos giratorios revestidos con material altamente resistente al calor". Desde allí, los gases se condensaban en altas recámaras hasta que se convertían en mercurio. Mayora asegura, sin dudar, que el trabajo era "muy duro". "Estábamos en contacto de forma continua con gases contaminantes y, al principio, no había ninguna protección", explica. Él no tiene secuelas, pero cuando entró a trabajar en La Soterraña sufrió una infección en los genitales. Más tarde, también se vio afectado por la contaminación en sangre.
El tiempo pasaba lento, pero a finales de los años sesenta empezó la decadencia de mina La Soterraña. Según Mayora, "el precio del mercurio cayó en picado, por el descenso de la demanda de este material. Un frasco, que había llegado a costar 30.000 pesetas, se quedó en 4.000 pesetas. Aquello no era rentable". Comenzaron los despidos y, a principios de los setenta, la plantilla empezó a sentir la tensión: "Estábamos nerviosos, pero no llegamos a hacer una huelga ni nada. Por aquel entonces había más trabajo", explica Mayora.
Plataforma
En 1974, finalmente, la empresa puso el candado en la puerta. Pero la historia de La Soterraña no se había acabado. Los vecinos empezaron a reclamar entonces la descontaminación de la zona: "Todos sabemos que el suelo guarda mercurio en sus entrañas", añade el antiguo trabajador. Con esta premisa en mente, se creó la Plataforma La Soterraña. La entidad agrupa a vecinos del valle de Muñón para hacer llegar a las administraciones las distintas reclamaciones que surgen en torno a la clausurada mina.
La organización tuvo que entrar en acción el año pasado. Los vecinos dieron aviso a la Guardia Civil de que varios operarios estaban trabajando en las instalaciones. La denuncia terminó con dos sanciones de un total de 360.000 euros, impuestas por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a las empresas Sidefluor S. A. y Bluemon Trader S. L. Cada una de las compañías tuvo que pagar 180.004 euros, repartidos en cuatro sanciones de 45.000 euros por las siguientes infracciones: ejercer la actividad de gestión de residuos peligrosos sin autorización administrativa; abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos, mezclar diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí, y estos con otros que no tienen tal consideración; y entregar, vender o ceder los residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley.
Los vecinos vieron la sanción con buenos ojos, pero no están satisfechos con las administraciones. Sus peticiones pasan por una descontaminación que llegó a planearse desde el Gobierno central. El proyecto, encargado por el Ministerio de Medio Rural, cifraba la inversión en trece millones de euros. Llegaron a adjudicarse los primeros trabajos pero llegó la crisis y el ambicioso plan quedó en el aire.
