El hecho de que el deporte es bueno para la salud está comprobado aunque, en el caso de Aller, la gestión del polideportivo de Sotiello sólo está deparando dolores de cabeza al gobierno local. El anuncio de la fiscalía del TSJA de que se querellará por prevaricación contra el alcalde, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, por conceder subvenciones de forma arbitraria a la asociación que se encargaba de organizar actividades en el complejo ha desatado una tormenta política en el Ayuntamiento. La oposición y la fiscalía han puesto sobre la mesa muchas sombras, que el gobierno local y la asociación subvencionada tratan de despejar.
La situación que ha derivado en la querella de la fiscalía -una decisión adoptada a raíz de una denuncia del PP- se remonta al año 1997, según el ministerio público. En aquella fecha, el entonces alcalde, Gabriel Pérez Villalta, se encontró en la tesitura de dotar de actividades al polideportivo Antonio Vázquez Mejido de Sotiello. Tras sondear varias opciones, no se encontraron posibilidades para que nadie se hiciera cargo de organizar y tutelar los diferentes cursos.
Finalmente, se halló a un grupo de monitores que estaban dispuestos a asumir esas competencias. Se llegó a un acuerdo con ellos para establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y una entidad creada a tal efecto (integrada por los monitores) que se hiciera cargo de la gestión de las actividades del polideportivo, la Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte en Aller. El colectivo lo componían entre 13 y 14 monitores (según las actividades programadas), que ofrecían servicios como gimnasia, judo, karate, taichi, aerobic, spinning, yoga, tenis, bádminton, baloncesto o fútbol sala.
El convenio -cuya existencia garantizan el Alcalde y la propia asociación y ponen en duda la fiscalía y el PP- recogía que el Consistorio abonaría una subvención mensual al colectivo por hacerse cargo de los cursos que se impartieran en el polideportivo. La fórmula de liquidación mensual, que se mantuvo hasta el pasado mes de marzo, se hacía según el número de usuarios y de horas de actividades. Los vecinos que asistían a estos cursos pagaban por ellos al Ayuntamiento, que era quien derivaba, a través de la subvención, ese dinero a la asociación. El colectivo liquidaba a su vez con cada monitor.
Precios
Los precios mensuales, fijados en las ordenanzas fiscales, eran de 10 euros del abono al polideportivo y 5 euros por actividad, es decir, 15 euros por cada usuario. Para la Fiscalía, la actuación de la entidad no se ajustaba a la legislación vigente, ya que indica que "no se acreditaba por parte de la asociación, como beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y justificante de estar al corriente del pago de tributos". Además la "pretendida" justificación del gasto de la asociación "carecía de los mínimos requisitos para que se pudiese entender producida pues, entre otros extremos, no aportaba facturas de los profesionales".
Asimismo, tanto el PP como el ministerio público sostienen que la secretaria y la interventora municipales habían presentado múltiples reparos e informes negativos a la concesión de esta ayuda y a este modelo de gestión. Los responsables de la asociación aseguran que durante años mantuvieron reuniones "con todos los grupos municipales" para tratar de cambiar el sistema, pero que ninguno de ellos se mostró a favor. "Todos conocían como funcionaba el sistema, y nadie quiso cambiarlo porque no querían establecer una relación laboral entre el Ayuntamiento y nosotros", expusieron los portavoces del colectivo. Incluso, apuntan, concejales del PP eran usuarios y conocedores de la situación, llegando a animarles a ir contra del Ayuntamiento cuando se producía algún atraso en el pago de la subvención municipal.
El pasado mes de marzo, y poco después de la denuncia del PP, el alcalde de Aller procedió a iniciar los trámites para cambiar el sistema de gestión del polideportivo. No fue hasta el mes de marzo cuando se concretó de forma definitiva la modificación, que pasó a ser una fórmula mixta con una empresa y varios clubes deportivos del concejo, un sistema similar al utilizado cuando se abrió durante este mandato el polideportivo de Cabañaquinta. Desde entonces, el servicio de actividades con monitor -como son el gimnasio, el tenis o el bádminton- lo ofrece una empresa, mientras que las otras actividades -como el judo o el fútbol sala- las coordinan diferentes clubes, a los que el Ayuntamiento les cede gratuitamente las instalaciones. Lo que sí se sigue manteniendo es el abono de 10 euros al polideportivo, con el que los usuarios pueden utilizar el rocódromo o la sauna.
Desaparición
La Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte en Aller, que se había creado con el objeto de prestar sus servicios en el polideportivo de Sotiello, formalizó su desaparición durante el mes de marzo, cuando se paralizó la actividad al cambiar el modelo de gestión. Algunos de los monitores fueron contratados por la empresa que gestiona algunas de las actividades del polideportivo. Otros, simplemente, abandonaron esta actividad.
El PP, que fue quien presentó la demanda, asegura que desde 2011 se habían tramitado pagos "sin control" por valor de más de 150.000 euros. La fiscalía data el inicio de la irregularidad en el año 1997, aunque solamente apunta hacia un posible delito de prevaricación, pero no de malversación de fondos. El juez tendrá la última palabra.
