La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias condenó ayer a un matrimonio de Mieres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales a penas que, en conjunto, suman 17 años de prisión y casi 200.000 euros de multas. El varón ha sido condenado también por un delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la Seguridad Social. Además, el tribunal encontró culpable a un tercer acusado, por un delito contra la Seguridad Social. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Supremo.

La Fiscalía da por probado y así lo refrenda la Audiencia, el acusado y su esposa se dedicaban a la venta de drogas en Mieres. Así, y después de que el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil recibiera varias quejas e informaciones vecinales, los agentes establecieron un servicio de vigilancia en el domicilio de la pareja, desde el cual se realizaba la venta de la droga, concretamente cocaína. Los agentes comprobaron como desde principios del año 2013 accedía a la vivienda un número indeterminado de toxicómanos que permanecían en su interior entre 5 y 15 minutos y luego se iban con la droga.

El 23 de julio de ese mismo año, y con la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron una entrada y registro en la casa, donde encontraron, en un cuenco, tres "papelinas", una bolsa con otras siete y otra con 39. En total, su peso fue de 31,25 gramos, con una riqueza del 50,2% expresada en cocaína base. En la fecha de los hechos el precio del gramo de cocaína era de 56 euros.

Además, en distintas zonas de la casa se localizaron, en billetes de diverso valor, un total de 24.770 euros. También se encontraron varios efectos, entre ellos, un bastón de madera con un arma blanca dentro, varios machetes, un bastón estoque y una daga, dos catanas y cartuchos. En una casa en construcción que tenían también los acusados, que estaban rehabilitando, se hallaron, entre otras cosas, una escopeta, una pistola y cartuchos.

Con la finalidad de ocultar las ganancias derivadas del tráfico de drogas, el matrimonio realizó compras de fincas por valor de 26.500 euros y vehículos por valor de 58.000 euros. Además con ayuda de un cómplice, el varón fue contratado en una empresa ficticia para tener derecho a la prestación por desempleo.