El patronato del Soft Computing aprobó un ERE para no cerrar el centro de Mieres

Los trabajadores se muestran "desconcertados" al no concretarse el alcance de la regulación, que en principio afectaría al 30% de la plantilla

08.10.2015 | 04:17
Trabajadores del centro de Soft Computing, en una de sus dependencias.

El patronato de la Fundación para el Progreso del Soft Computing, que gestiona el centro ubicado en el edificio de investigación del campus de Mieres, aprobó ayer la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla. Una medida que, como destacaron a través de un escueto comunicado, tiene la finalidad de "defender la continuidad" del centro de Mieres, siendo la regulación una de las "medidas necesarias para lograr este objetivo". La regulación cayó como un jarro de agua fría entre los trabajadores del centro, quienes aseguraron estar "desconcertados" ante el futuro que les espera.

La aprobación del ERE fue adelantada por este diario. Se había planteado en la última reunión del patronato, si bien se postergó su aprobación ante la petición de nuevos informes por parte de sus miembros. Con los estudios sobre la mesa, finalmente se decidió seguir adelante con la regulación de empleo, siendo la opción aprobada por la mayoría de sus participantes. La otra opción, que rechazaban, era el cierre de las instalaciones. La grave situación económica del centro ubicado en Mieres fue el detonante de esta situación. Las instalaciones llevaban subsistiendo con fondos propios desde 2012, año en el que concluyó la vigencia del convenio con Cajastur (ahora Liberbank) y el Principado -patronos del centro-, aunque sí han recibido aportaciones puntuales de ambas entidades. De hecho, el Principado solía reservar en sus presupuestos una partida anual de 150.000 euros, mientras que Cajastur también ha hecho aportaciones puntuales, como el año pasado, que destinó 75.000 euros para el centro. Sin embargo, estos abonos se hacen insuficientes para el sostenimiento de la entidad tal y como está planteada en este momento, ya que sólo se llegó a autofinanciar en un 40%.

El anuncio de la regulación también ha despertado el rechazo de la comunidad científica internacional, quienes aseguraban que el recorte "puede significar su fin como centro internacional de I+D". Sin embargo, estas peticiones no hicieron mella ayer en el patronato, que siguió adelante con su planteamiento inicial. De momento, poco se conoce de cómo se llevará a cabo el expediente de regulación. Inicialmente, se hablaba de que podía afectar a más de un treinta por ciento de la plantilla, pero ayer no se comunicó nada más a los trabajadores.

Estos últimos mantuvieron una asamblea en la que transmitieron su "preocupación y desconcierto" ante el ERE. En un comunicado, la plantilla señaló que su compromiso con el centro "ha sido el máximo posible durante estos diez años, haciendo siempre todo lo que ha estado en nuestra mano para que esta iniciativa, en la que todos creemos y participamos, fructificara y perdurara".

También destacaron el "apoyo que hemos venido recibiendo por parte de las instituciones que forman nuestro patronato, pero todo ese esfuerzo habrá sido en vano si no se plantea un plan concreto de viabilidad". Ahora, los trabajadores esperan que "exista un futuro real para este proyecto, pero todas las medidas que se han tomado hasta el momento, o las que se han dejado de tomar, nos llevan a pensar que no va a ser posible". Por eso piden "concreción, información y agilidad" en la ejecución de las diferentes acciones que tengan previstas adoptar los patronos, "puesto que los recursos, económicos y humanos, siguen disminuyendo cada día".

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