Los mineros del pozo Emilio, en La Pola de Gordón (León), donde perdieron la vida seis trabajadores hace ahora dos años, llevaban una semana con "miedo" al entrar en la explotación. Algunos, tal y como explicaron, llegaron a comunicar a la empresa el peligro que entrañaba la explotación, pero no se actuó en consecuencia. Este fue el testimonio que trasladaron ayer siete de los mineros que fueron testigos del suceso, al acudir a declarar al juzgado de Instrucción número 4 de León, donde se retomó la ronda de testimonios iniciada en julio por el accidente.
Las declaraciones de los trabajadores contrastan en gran medida la versión que dieron los imputados por el accidente minero. Estos últimos, entre los que se encontraban ingenieros y directivos de la Hullera Vasco Leonesa, habían negado fallos en la seguridad y aportaban un informe que apuntaba a "una emisión súbita de metano que tuvo un alcance imprevisible en su magnitud y consecuencias", como causa del accidente. Todo lo contrario a lo que aseguraron los mineros ayer, quienes afirmaron que la situación era de "alto riesgo" desde días antes del suceso, tal y como afirmó la abogada Estrella Alonso, que junto a Antonio Pineda, representan a uno de los fallecidos en el accidente. Entre los trabajadores que testificaron ayer se encontraba un vigilante, ya prejubilado, quien aseguró que había comunicado el peligro a la empresa, pero no se actuó en consecuencia. De hecho, algunos de los testigos coincidieron en afirman que, teniendo en cuenta lo que se veía venir, se podía haber llamado a la brigada de salvamento minero para que interviniese en el interior de la explotación para evitado el accidente que acabó produciéndose.
Las declaraciones de los testigos, que revivieron tanto los días previos al suceso como el momento en el que ocurrió, se alargaron ayer alrededor de cuatro horas, y no se volverán a retomar hasta el próximo día 27, cuando declaren, entre otros, el director y varios oficiales de la mina, así como un catedrático de la Universidad de León que elaboró el informe que aportó la empresa. Un estudio que apuntaba a "una emisión súbita de metano que tuvo un alcance imprevisible en su magnitud y consecuencias", como causa del accidente y matizaba, además, que el lugar donde ocurrió el suceso, el macizo séptimo del pozo Emilio del Valle, "cumplía las condiciones de seguridad referentes a la normativa vigente".
Informes
Junto a la versión oficial de la compañía minera existen otros dos informes: uno elaborado por la Dirección general de Minas y otro de un perito independiente, un catedrático de la Universidad de Oviedo, a petición del propio juzgado. Estos dos documentos "señalan a la caída de la bóveda donde se encontraban los mineros y a un error en la ventilación como causas probables del fatal siniestro". Algo que viene a explicar que faltaban las medidas de seguridad en la mina. Dos informes que se acercan más al planteamiento de los abogados Antonio Pineda y Estrella Alonso, así como de la letrada Silvia Alonso, que representa a Juan Manuel Menéndez Montero, el minero turonés que resultó herido en el suceso. Esta abogada también representó en su momento a Itziar Rivas Ríos, viuda del minero lenense José Luis Arias, quien perdió la vida en el accidente.
