Las fuerzas de seguridad del Estado han detectado en Mieres un notable descenso en el número de quebrantos de órdenes de alejamiento vinculadas a casos de violencia de género. Este año las denuncias han caído en un 22 por ciento. Las unidades dedicadas a la vigilancia de mujeres maltratadas que se encuentran bajo protección judicial destacan el bajo indices de incumplimientos que se registran en Mieres. "El balance es significativamente bajo en comparación con los datos generales en lo que se refiere a este tipo de delitos", explicaron fuentes de la Policía Nacional.
Pese a la positiva lectura que hacen los responsables policiales, en Mieres se registraron el año pasado en torno a 25 quebrantamientos de ordenes de alejamiento. Este año la Policía Local ya ha contabilizado 11 casos, por los 14 registrados durante el mismo periodo de tiempo en 2014. En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Policía Nacional, el balance es muy parecido. El cuerpo no ofrece, en cumplimiento de directrices internas, datos concretos, pero cifra la caída en un 22 por ciento, tendencia casi idéntica a la que maneja la Policía Local.
Los responsables de ambos cuerpos subrayaron que el quebranto de ordenes de alejamiento, bien sean preventivas o ya firmes, está considerado como delito. "Los incumplimientos no tienen necesariamente que estar relacionados con un encuentro presencial, también se registran por llamadas de teléfono o mensajes ", explican los expertos. De hecho, cada vez es más frecuente que las mujeres protegidas denuncien que sus antiguas parejas intentan contactar con ellas o amenazarlas a través de redes sociales o servicios de mensajería instantáneos, como el popular WhatsApp.
Casi cuarenta mujeres viven en estos momentos en Mieres asediadas o directamente amenazadas por sus exparejas. Las fuerzas de seguridad y el centro asesor de la Mujer de Mieres trabajan siempre de forma conjunta para atender y proteger a las víctimas. Los primeros se ocupan de proteger la integridad física de la víctima, mientras que el centro coordina al resto de profesionales que intervienen en los casos de violencia de género: psicólogos, junto con otros terapeutas y abogados, además de todos los servicios que requiera cada caso concreto. Las mujeres bajo control disponen de terminales de teleasistecia que pueden activar si ven amenazadas
