No habrá prisión para el vecino de Riosa que amenazó con un cuchillo e hirió a dos agentes de la Guardia Civil a finales de 2013. Los abogados de ambas partes, Francisco Pérez Platas (acusación) e Ignacio Botas (defensa), junto con el Fiscal y el Abogado del Estado llegaron a una conformidad por la que el agresor reconoce como ciertos los hechos de la denuncia -la agresión-. Sin embargo, se le aplica la eximente de "alteración psíquica" del artículo 20.1 del Código Penal. De esta forma, el riosano no entrará en la cárcel, aunque se le aplicará una medida de seguridad consistente "en libertad vigilada en su modalidad de tratamiento ambulatorio psiquiátrico durante 5 años". Además deberá de hacer frente a una indemnización de más de 6.000 euros.
Los hechos se remontan al mes de octubre del año 2013. El día 19, el puesto de la Guardia Civil de Riosa recibió una llamada desde un domicilio de la localidad de Muriellos. Unos vecinos aseguraban que otro residente en el pueblo les había amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones. Una patrulla rural se acercó hasta el pueblo, y tras varias averiguaciones para dar con el hombre, lograron localizarlo. Intentaron entrevistarse con él hasta en dos ocasiones. La segunda, el hombre salió de su casa portando un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja con el que se abalanzó sobre los agentes. Según relataron entonces fuentes de la guardia civil, el hombre, que por entonces tenía 51 años, se empleó con una fuerza inusitada contra los guardias civiles. Les lanzó varios tajos, aunque ninguno de ellos llegó a alcanzar más allá de sus uniformes. Sin embargo, durante el forcejeo para arrebatarle el arma, los agentes sufrieron varias patadas y puñetazos que les provocaron diversas lesiones. En el escrito del fiscal venían reflejados esguinces, erosiones de rodilla y brazos, y heridas superficiales en el codos, brazos y dedos, entre otras, que precisaron atención ambulatoria, aunque no les impidieron seguir con sus ocupaciones habituales. Además, a causa de las cuchilladas lanzadas por el agresor, sus uniformes sufrieron daños. Una vez reducido, el vecino de Muriellos fue trasladado a un centro de salud, donde también atendieron a los agentes. El hombre tuvo que ser sedado por vía intravenosa.
Durante el proceso judicial, el fiscal solicitó la absolución de este hombre, al aceptar la "eximente de alteración psíquica". La acusación particular, por su parte, mantuvo su petición de pena de cárcel hasta la vista oral. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer entre ambas partes le ha evitado al acusado tener que ingresar en prisión.
Finalmente, en el pacto alcanzado entre las partes, se reconoció que el acusado padecía antecedentes psiquiátricos, y que en el momento de los hechos no era consciente de sus actos al tener "severamente disminuidas sus facultades intelectuales y volitivas". Por ello, deberá de someterse a una "libertad vigilada en su modalidad de tratamiento ambulatorio psiquiátrico durante 5 años". Además, el acuerdo recoge una indemnización para cada Guardia Civil en 3.000 euros y a la Dirección General de La Guardia Civil en 122,68 euros por los daños en los uniformes, con imposición de costas al acusado.
