Los vecinos de Boo siguen en vilo por la aparición de grietas en las viviendas de la localidad. La Universidad de Oviedo, que ya ha instalado varios sismógrafos para medir los movimientos de tierra, ha intensificado en los últimos días la vigilancia de la zona. Varios técnicos acudieron hace unos días al pueblo para sacar fotografías de las zonas con un dron. La asociación de vecinos sigue pendiente de la presentación de una demanda contra Hunosa, basándose en que la situación podría deberse a la subsidencia minera (movimientos derivados de la actividad en el subsuelo), aunque la hullera pública ya ha anunciado que los estudios achacan los movimientos a un deslizamiento de ladera.
El representante de la asociación de vecinos, Miguel Gómez, aseguró ayer que "las casas siguen deteriorándose y nos sentimos desamparados por parte de las administraciones". Es por eso que reclamarán un encuentro con el alcalde, David Moreno, para la próxima semana. En total, hay medio centenar de inmuebles afectados. La mayoría están en la zona alta del pueblo, donde está el epicentro del problema.
En el barrio de El Picu una roca de grandes dimensiones amenaza con caer sobre la localidad. Según Gómez, "los técnicos de la Universidad de Oviedo han intensificado la vigilancia para asegurarse de que está estable y que no hay peligro". Se han valorado varias propuestas para proteger a los vecinos. Entre otras, la instalación de una sirena que alarme al pueblo si hay un movimiento de tierra brusco y es necesario iniciar una evacuación.
La aparición de las grietas en la zona trae muy malos recuerdos al pueblo. Hace dos décadas, una situación similar terminó con el desalojo de veinte vecinos y el posterior derribo de sus casas en Puenxo. Tuvieron que ser realojados en unas casas prefabricadas que se instalaron en la zona baja del pueblo (la parcela que actualmente ocupa la cancha deportiva). Iniciaron entonces una batalla judicial para reclamar una indemnización a Hunosa, al considerar que los movimientos estaban ligados a la actividad minera que había tenido lugar en el subsuelo del pueblo.
Y lo consiguieron. Tras una década de peleas en los tribunales, Hunosa tuvo que indemnizar a las familias y los afectados accedieron a las casas de protección oficial que se construyeron en el barrio de Nuevo Puenxo, en La Vega. Es por eso que ahora quieren volver a juicio: "No nos creemos las explicaciones que ha dado Hunosa hasta el momento", destacó Gómez.
