El viejo cuartel de la Guardia Civil de Mieres tiene las horas contadas, literalmente. El portavoz del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, confirmó ayer que el esperado derribo del equipamiento comenzará esta misma semana. Según las informaciones que manejan los populares, "todo esta listo para que entre el miércoles o el jueves, a más tardar, se inicien las labores en su primera fase". De esta forma, Mieres pondrá fin a una larga espera y podrá despejar finalmente la gran parcela urbana que ocupa el mastodóntico inmueble desalojado hace ya casi cinco años.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres aprobó recientemente la licencia para el derribo del cuartel de la Guardia Civil. Antes, a mediados de octubre, el Ministerio del Interior había adjudicado la obra de demolición a una empresa madrileña que presentó un oferta con una baja económica de algo más de 66 por ciento. El proyecto salió a licitación con un presupuesto de 352.927 euros más IVA (427.042 euros). La firma Construcciones Arribas Gonzalo abordará finalmente el derribo del inmueble por un coste de 153.876,54 euros más IVA (186.190,61 euros).

Casi un lustro después de ordenarse el desalojo del antiguo cuartel, Mieres podrá ver como arrancan las obras para dar forma a su nuevo acuartelamiento. En enero del año 2011, una visita de varios arquitectos del Ministerio del Interior daba la voz de alarma: el viejo cuartel no reunía las condiciones mínimas de seguridad para los agentes, ya que además de aluminosis, el inmueble sufría carbonatosis, unos daños en el cemento que provocan desprendimientos. Fue entonces cuando se produjo el desalojo y tras varias semanas, el 11 de febrero arrancaba el traslado de la Benemérita a sus actuales dependencias en la calle Alfonso Camín, en el edificio del antiguo centro de salud Sur. La dotación local de la Guardia Civil ha sabido adaptarse a las limitaciones del recinto sin que se resienta su operatividad.

La adjudicataria asumirá el derribo del céntrico cuartel, situado en pleno casco urbano, percibiendo como contraprestación algo menos de 154.000 euros. Es decir, lo hará por casi 200.000 euros menos de lo que el Ministerio del Interior había calculado inicialmente.