Grado, Lorena VALDÉS
El alcalde de Grado, Antonio Rey, afirmó ayer que los vecinos de las parroquias de El Fresno y San Juan de Villapañada «deberán pagar sus recibos del agua, pues no tienen cobertura legal para beneficiarse de una exención que obtuvieron gracias a un acuerdo verbal ilegal con IU».
Según la versión de los vecinos, en 1988 adelantaron 130.000 pesetas cada uno para hacer la traída de agua. A cambio de esta aportación, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con ellos por el que se les cedía gratuitamente el suministro por un período de veinticinco años, tiempo que aún no habría finalizado.
Sin embargo, Rey explica que «las exenciones de cualquier tributo tienen que estar recogidas en la ley y la promesa del entonces alcalde, José Sierra (IU), no tenía cobertura legal, ya que no estaba prevista en ninguna norma, motivo por el cual no se firmó ningún tipo de acuerdo por escrito, ya que de haberlo estaríamos ante un supuesto de fraude de ley y de agravio comparativo con el resto de contribuyentes. Las exenciones requieren acuerdo plenario y además estar recogidas en alguna norma, pues sólo es posible bonificar los supuestos que se contemplan legalmente».
El regidor moscón también argumenta que «los técnicos municipales del departamento de Gestión de Tributos mantienen que el acuerdo era por un plazo de 15 años, por lo cual ya se habría cumplido. Es más, antes de abandonar la Alcaldía, el señor Sierra pidió que se sacase el listado de vecinos de El Fresno y San Juan de Villapañada para empezar a liquidar los recibos».
Rey asegura que «IU ha tenido acceso al expediente en el que queda constatado que no hay acuerdo por escrito, y es imposible que lo haya ya que debería haberse acordado en el Pleno y hubiera sido nulo de pleno derecho. Por lo tanto, instamos a IU a que aporte documentación escrita o acuerdo firmado al respecto para dejar constancia del fraude».