Raúl Bocanegra: «Es un fallo ejemplarizante; no recoge nada que no esté en la ley»

Pola de Siero,

Manuel NOVAL MORO

El fallo que condena al alcalde de Siero, Juan José Corrales, y al ex alcalde José Aurelio Álvarez a afrontar con su patrimonio la devolución de los pagos indebidos a los trabajadores del Ayuntamiento de Siero no es más que una consecuencia del cumplimiento de lo recogido en la ley, según el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra.

El letrado considera que el Alcalde, como máximo responsable del Ayuntamiento, ordenó un pago que resultó ilegal y debe reponerlo, si no es con el dinero de los funcionarios, con su propio dinero. Como en el momento en el que se ordenó la devolución no se llevó a cabo, se pusieron a funcionar los mecanismos de la justicia. «Es así de sencillo, no tiene mayor complicación», aseguró. Además, a efectos prácticos, es posible que el asunto «se quede tan sólo en un susto» para los alcaldes, ya que el fallo establece que el regidor y su predecesor deberán abonar el dinero que no hayan restituido previamente los trabajadores, con lo que es posible que cuando llegue el fallo del Tribunal Supremo ya haya sido devuelto todo el dinero.

El Tribunal de Cuentas no hace con su fallo sino «espolear para que se activen los procesos de devolución; está claro que si no se lo saca a los funcionarios lo paga él». Por eso cree que más que considerar a los responsables de Siero como un chivo expiatorio, debería tenerse en cuenta el fallo como una «llamada al respeto y a la legalidad». Es una sentencia «ejemplarizante en el buen sentido, no es una barbaridad. El fallo no recoge nada que no esté establecido en la ley».

Asimismo, el catedrático cree que el proceso «no tiene nada que ver con la honorabilidad del Alcalde; le ha tocado a éste como le pudo haber tocado a otro». Para Bocanegra, los alcaldes optaron «por sus funcionarios, y nadie les puede acusar de ello, pero la ley dice que hay que dar marcha atrás y deben hacerlo. Y ahora no puede pretender que los funcionarios le devuelvan el dinero con una sonrisa en la boca».

Por su parte, el abogado Gerardo de la Iglesia, especialista en asuntos relacionados con la administración, opina lo contrario. «Llevo treinta años de ejercicio con las administraciones públicas y éste es el único caso en el que van a por el patrimonio personal de los alcaldes», asegura. Para el letrado, el fallo «chirría jurídicamente y choca directamente con los principios de nuestra legislación».

La sentencia del Tribunal de Cuentas, en su opinión, es «algo que no va a poder consolidarse, y no puede triunfar como jurisprudencia porque choca con el espíritu del ordenamiento jurídico español». En su opinión, el Tribunal Supremo dará la razón a los alcaldes.

El abogado cree que las responsabilidades patrimoniales son del Ayuntamiento y no de los políticos que están al frente en cada momento, y cuando, como en el caso de Siero, las decisiones se han tomado con acuerdos plenarios, mucho menos todavía.