Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
El gran lío de los pagos ilegales a los funcionarios de Siero, que ha desembocado esta semana en una sentencia que condena al actual alcalde del concejo, Juan José Corrales, y a su antecesor en el cargo, José Aurelio Álvarez, a devolver las cantidades pagadas indebidamente por el Ayuntamiento, se inició el 28 de enero de 1999. Gobernaba el PP con José Aurelio Álvarez en el sillón de la Alcaldía. En esa fecha el Pleno aprueba los términos del nuevo convenio colectivo para los años 1999-2000, firmado unos días antes.
La Delegación de Gobierno impugna el incremento pactado de los salarios y las prestaciones sociales de los funcionarios porque considera que vulneran la legalidad, y comienza el follón judicial. El Tribunal Superior de Justicia determina la suspensión cautelar del convenio.
En julio de 1999 cambia el equipo de gobierno y el socialista Juan José Corrales accede a la Alcaldía. En diciembre el Pleno aprueba por unanimidad dos acuerdos en los que vuelven a fijarse incrementos con una nueva relación de puestos de trabajo que también son impugnados por la Delegación del Gobierno.
A partir de entonces la madeja no deja de liarse. El nuevo equipo de gobierno trata entonces de echarse atrás y anuncia a los trabajadores que el convenio no será válido, que perderán los beneficios adquiridos e incluso, aunque sólo durante un mes, deja de aplicar los incrementos en las nóminas de los trabajadores. La paz sindical está ya rota.
Los trabajadores se ponen en pie de guerra y protagonizan numerosas manifestaciones. En mayo de 2001 llegan incluso a encerrarse en el salón de sesiones. Al final, tras duras negociaciones, llegan a un acuerdo con el equipo de gobierno y consiguen encontrar una fórmula para seguir cobrando lo mismo sin perder los derechos adquiridos, pero dentro de la legalidad. A partir de mayo de 2001 ya todo es legal o, al menos, nadie lo impugna.
Pero lo cobrado entre 1999 y mayo de 2001 sigue bajo sospecha. El proceso judicial continúa, y a finales de 2004 dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias fallan que las retribuciones son ilegales y ordenan al Ayuntamiento de Siero que actúe en consecuencia.
Sin embargo, el gobierno sierense no toma medidas y el Tribunal de Cuentas entra en escena. En el año 2006, este tribunal embarga a Corrales bienes personales por valor de 599.481 euros para garantizar la devolución del dinero a las arcas municipales.
Tras muchos tira y afloja con los trabajadores, el actual equipo de gobierno aprueba en 2007 una resolución para comenzar a descontar de las nóminas de la plantilla las cantidades pagadas de más, lo que le costó fuertes polémicas con los trabajadores, manifestaciones e incluso una huelga de celo. Los descuentos comienzan a aplicarse en abril de 2008 y seguirán vigentes hasta julio de 2011.
Corrales y José Aurelio Álvarez salen absueltos en una primera resolución del Tribunal de Cuentas, pero un recurso de la fiscalía da la vuelta a la tortilla. El Alcalde y su predecesor se encuentran con un fallo en su contra que recurrirán al Tribunal Supremo. Hasta que llegue la sentencia, los trabajadores seguirán sufriendo los descuentos, pero el capítulo final está por escribirse.
