Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
El diputado socialista asturiano Álvaro Cuesta y el secretario general del PSOE, Javier Fernández, mostraron ayer su apoyo al alcalde de Siero, Juan José Corrales, por la sentencia del Tribunal Supremo que condena a éste y a su antecesor, José Aurelio Álvarez, a asumir la devolución de 747.717 euros pagados de más de forma ilegal a los trabajadores municipales entre los años 1999 y 2001. Fernández quiso dejar claro en Navia que la sentencia ha sido recurrida y que «nada tiene que ver con un caso de corrupción», informa A. M. S.
Por su parte, Cuesta se solidarizó con ambos dirigentes y mostró su convencimiento de que el recurso ante el Supremo «tiene muchas posibilidades de prosperar». El diputado basa su defensa de los mandatarios, en primer lugar, en el hecho de que el fallo contradice la jurisprudencia del propio Tribunal de Cuentas, que no dictó una resolución similar nunca. En su opinión, se confunde la responsabilidad del Pleno con la responsabilidad del Alcalde.
Por otra parte, señala que lo aprobado por Álvarez y Corrales no supone «erosión, menoscabo o disminución» de los recursos públicos desde el momento en que se está ejecutando un proceso de devolución: el descuento de las cantidades pagadas de más de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Siero. Para Cuesta, desde el momento en el que se están restituyendo las cantidades conforme a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, «el Tribunal de Cuentas no debería intervenir».
Asimismo, el diputado señaló que el Tribunal de Cuentas «se contradice a sí mismo», ya que en primera instancia les había dado la razón a los mandatarios. Y recordó que hay un ponente del propio Pleno del Tribunal que se contradice en relación a otros casos anteriores, como aquel en el que se absolvió al alcalde de Madrid Álvarez del Manzano acusado de exceso de gastos de representación.
Cuesta dijo que «no tiene sentido que se aplique esta condena» cuando tanto Juan José Corrales como José Aurelio Álvarez «no tuvieron ningún enriquecimiento personal, sólo firmaron el pago de retribuciones a los funcionarios». En este caso, en su opinión, «no hay deshonestidad, no hay delito, no hay menoscabo de recursos públicos», con lo que el fallo en contra no está, a su juicio, justificado.
El diputado insistió en que se trata de una resolución injusta porque ninguno de los dos condenados se enriqueció como consecuencia de la firma de los acuerdos. Álvaro Cuesta considera que Álvarez y Corrales «están sufriendo en su persona y en las de sus familiares las consecuencias de un acuerdo político» en el seno de la Corporación y que apoyaron todos los partidos. Con su defensa, el diputado se suma al apoyo que la mayoría de grupos políticos de Siero brinda a los dos regidores y que se basa, fundamentalmente, en el hecho de que fue la Corporación la que tomó la decisión de forma unánime.
