Pravia,
V. DÍAZ PEÑAS
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias no actuará en el caso de la adjudicación de una vivienda social en Pravia a un supuesto maltratador hasta que se pronuncie la justicia. Así lo avanzó ayer la consejera Noemí Martín durante una visita al concejo de Pravia en la que inauguró el nuevo centro para mayores. Como apuntó Martín, primero es necesario aclarar el caso y después se actuará en consecuencia.
El Partido Popular de Pravia denunció hace unos días que el alcalde de Pravia había permitido la adjudicación de una vivienda social a un hombre acusado de maltrato familiar y con orden de alejamiento. Según el PP, el Ayuntamiento estaba al tanto de la denuncia y no hizo nada para detener la adjudicación.
La consejera de Bienestar apuntó que la Consejería no es quien para echar a las personas que resultaron adjudicatarias de una vivienda social, sino que esta actuación depende de lo que diga un juez. «Una cosa son los criterios de adjudicación y otra muy distinta lo que haga cada persona en su intimidad. Nosotros no podemos echar a nadie a no ser que sea una decisión respaldada por un juez. Así que esperaremos para actuar en el caso de que sea necesario», comentó Martín.
Esta postura es semejante a la que mantiene el Ayuntamiento. Su alcalde, Antonio de Luis Solar (PSOE), añade que el gobierno municipal tampoco tienen la potestad para dar o quitar las viviendas y menos con un procedimiento judicial abierto. «Mientras que no se produzca la decisión del juez no se puede hacer nada», concretó Solar.
