El PP exige al Alcalde devolver el dinero que el Ayuntamiento pagó por él por una sentencia

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


La noticia de que el Ayuntamiento de Carreño ha estado abonando en los últimos meses una multa coercitiva impuesta personalmente al alcalde, Ángel Riego, por el incumplimiento de una sentencia ha provocado la reacción de la oposición municipal. La más contundente, la del PP, que exige al regidor que devuelva el dinero desembolsado hasta la fecha y que sea, tal como manda el fallo, el propio Riego el que continúe pagando la multa.


La multa, de 400 euros al mes, es una medida de presión ejercida por un juez de lo contencioso-administrativo de Gijón que pretende acelerar la ejecución de una sentencia de 2006 por la que se debe derribar la cubierta del edificio número 5 del Camino del Faro, que según el magistrado tiene una altura que no se ajusta a la ley.


«El pago de la multa, en el caso que nos ocupa, corresponde al alcalde de Carreño, y no al Ayuntamiento, es decir: el que tiene que pagar es Ángel Riego», sentenciaron ayer desde el Partido Popular. Los conservadores, tras constatar con los servicios jurídicos municipales la naturaleza de la multa, subrayaron que «este tipo de medidas de presión tienen por objeto obligar a la autoridad o funcionario encargado de ejecutar una sentencia, a cumplir con lo establecido por el juez en la correspondiente resolución judicial». En caso contrario, la multa perdería validez, según advirtieron.


Celestino Gutiérrez, portavoz municipal de los populares, asegura que «desde el Partido Popular de Carreño vigilaremos si se cumple la ley en todos sus términos, y el Alcalde paga sucesivamente las multas de su patrimonio, o si por el contrario, eludiendo las disposiciones legales, nos carga esas cantidades a la espalda de todos los contribuyentes. Los fondos públicos están para lo que están, no para pagar las consecuencias de la mala administración de ciertos políticos», concluyó.


Por su parte, la Unión Independiente de Carreño (UICA) se centra más en las consecuencias urbanísticas del caso. «Desde nuestro punto de vista, la concesión dudosa de una licencia urbanística en este Ayuntamiento no es un caso aislado», explicó su portavoz, Ramón Artime. A su juicio, no se debería haber llegado hasta el punto de tener que demoler una vivienda habitada «si en su momento se hubiera creado una oficina de inspección urbanística».


Respecto a la sentencia del juez mandando demoler la casa y a la multa, los independientes pidieron que «se depuren responsabilidades». Artime aseguró haberse enterado de dicha sentencia «por la prensa», lo que a su juicio «demuestra el ocultismo con que ha sido llevada la cuestión».


La falta de transparencia ha motivado también las críticas de UNA, que señaló que «no se informó del contencioso en las comisiones». Respecto a la medida impuesta por el juez al Alcalde, Xuan Fernández, portavoz UNA, denunció que el pago de la multa por parte del Ayuntamiento «podría tratarse de un caso claro de malversación de fondos públicos. Es una multa al Alcalde, a la persona, y entendemos que debe recaer sobre su patrimonio», concluyó el edil carreñense.


Sin entrar a valorar la sanción económica impuesta al Alcalde, el concejal de URAS Joaquín Rodríguez, que fue concejal de Urbanismo en el mandato anterior, defendió la actuación urbanística municipal. «La altura que se aplicó a esa vivienda es la misma que se aplica a todas las viviendas de Candás», por lo que a su juicio, el problema es que «el perito judicial no lo entendió así». De este modo, la «única solución pasa por cumplir con la sentencia, y seguir buscando una empresa que quiera hacerse cargo de la obra de demolición».

«El pago de la multa corresponde al Alcalde y no al Ayuntamiento de Carreño»


<Celestino Gutiérrez
>

Portavoz del PP

«Pediremos que se depuren responsabilidades por esta mala gestión»


<Ramón Artime
>

Portavoz de UICA

«El perito judicial no entendió que la altura es la misma que para el resto de Candás»


<Joaquín Rodríguez
>

Portavoz de URAS