DAVID ORIHUELA
Agel Riego, alcalde de Carreño por obra y gracia de las urnas, tiene que pagar 400 euros al mes (tengo amigos que cobran más o menos lo mismo) hasta que se derribe la cubierta de una casa del camino del faro de Candás. El juez impone la multa al Alcalde y la oposición ya tiene a qué agarrarse para hacer su trabajo. Está muy bien que el juez, en su tarea sancionadora, obligue a derribar lo que se ha construido ilegalmente; es también de lógica que inste al Ayuntamiento que concedió la licencia a que ordene la demolición inmediata. Lo que no es lógico, aunque sí justo según la justicia, es que lo tenga que pagar el Alcalde. «Me lo expliquen». Las decisiones en un salón de plenos, ya sea de Carreño o de cualquier otro sitio, se toman a mano alzada. Es cierto que el regidor puede levantar las dos manos (voto de calidad). Bueno, lo que no entiendo es que Riego tenga que pagar de su bolsillo una multa por una decisión municipal, que no es personal. El Alcalde no concede las licencias, legales o punibles, lo hace el Ayuntamiento, así que todos a escote.