Candás,
Braulio FERNÁNDEZ
La demolición parcial de la vivienda número cinco del Camino del Faro de Candás, ordenada por los tribunales, parece inminente. El alcalde de Carreño, Ángel Riego, ya ha notificado a los propietarios de la vivienda que tienen un plazo de cinco días para efectuar el desalojo de su casa, con vistas a que comiencen los trabajos de demolición. Dicho plazo dio comienzo ayer, por lo que a principios de la próxima semana, en plena Navidad, la vivienda deberá encontrarse vacía, tanto de inquilinos como de muebles.
El Ayuntamiento ha acelerado los trámites de contratación para acatar la sentencia, cuyo incumplimiento le costó al Alcalde una multa a nivel personal, incrementada en los últimos días a 1.200 euros al mes. Concluido ayer el plazo de presentación de ofertas para ejecutar las obras, una de las empresas interesadas estará trabajando ya la próxima semana.
Por encima de los tintes políticos que han teñido la ilegalización de la casa del Faro, cuya altura declaró ilegal un juez hace ya tres años, los propietarios e inquilinos de la vivienda reclaman una solución. «Lo único cierto y contrastable es que la vivienda no tiene más altura que la autorizada por el Ayuntamiento», explicaban ayer, una vez conocida la medida de desalojo, que les obligará a pasar buena parte de las Navidades en un hotel. El problema es que, a su juicio, «el Juzgado interpretó la norma de las alturas de forma distinta al Ayuntamiento, de manera que, sin pretenderlo, vino a concluir que todas las viviendas unifamiliares de Candás exceden de altura y que no pueden construirse tejados a dos aguas, a menos que prescindamos de la planta bajo cubierta».
Los afectados dicen que «el Ayuntamiento sabe que toda la altura de la vivienda se ajusta a lo autorizado e incluso el remate más crítico es obra de los mismos técnicos municipales, que así nos lo pidieron, y se enfrenta a una sentencia confusa, que termina rematando la vivienda con idéntica altura». El proyecto al que ahora se ven abocados planea la demolición de toda la cubierta de la casa, pero no su reconstrucción, lo cual preocupa sobremanera a los propietarios, a los que literalmente les «lloverá en casa». Dicho proyecto fue elaborado por un arquitecto francés en extrañas circunstancias, tras ser rechazado por otros cinco arquitectos e ignorado por el Colegio de Arquitectos de Asturias, debido a la complejidad del mismo.
La posible solución para la familia de la casa del Faro, al menos provisional, pasa por solicitar al juez una incidencia, o moratoria, de manera que pueda disponer de más tiempo para explicar que la equivocación, de existir, radica en la norma urbanística de Carreño, y no sólo en su casa, que se hizo conforme a licencia. Pero para ello necesita del visto bueno de los responsables municipales, y éste no le ha llegado.
