Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
Los vecinos del Parque de la Luz de Pola de Siero sufren desde hace tiempo inseguridad, actos vandálicos, ruidos y molestias causados en su mayoría por un grupo numeroso de jóvenes, la mayoría, menores de edad, pertenecientes a la comunidad gitana. A pesar de que lo han comunicado reiteradamente a las autoridades, hasta ahora no han encontrado una respuesta efectiva que ataje el problema. Por esta razón, el pasado martes un grupo de afectados se reunió en la Casa de Cultura con objeto de constituir una asociación con la que hacer frente común contra el problema.
La reunión contó con la presencia del presidente de la asociación vecinal «Prau Picón», Vicente Montes, que les ofreció la posibilidad de unirse a su colectivo para hacer las reivindicaciones desde esta plataforma. Así lo hicieron, y en la reunión se decidió tomar la primera medida, enviar un escrito al alcalde de Siero, Juan José Corrales, poniendo de manifiesto los problemas y solicitando las medidas necesarias para atajarlos. En el texto se pide «presencia policial efectiva en la zona y atención a las llamadas denunciando situaciones de ruidos, consumo y comercio de sustancias», que se eviten «las competiciones ilegales de vehículos en la zona». Asimismo, pide que se adopten «las medidas para que menores presentes en la zona en horario lectivo escolar puedan hacer efectivo su derecho a la educación», y que se favorezca «la plena integración social de personas en situación de privación social, no sólo mediante apoyos económicos y prebendas, sino creando un plan sostenible de integración que conlleve ejercicio de derecho y compromiso de deberes».
Por otra parte, denunciaron «situaciones de vejación contra personas de la tercera edad de la zona y contra aquellas que por su situación de senilidad están en un centro específico en la zona, que son manipuladas para intereses de otros, como robos de tabaco, sustracciones económicas...».
Por último, solicitan que se utilicen «estructuras sociales del colectivo gitano para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, evitando que menores puedan caer en el horrendo mundo del consumo de estupefacientes». Los vecinos esperan una respuesta del Ayuntamiento en un plazo de quince días, y en caso de que no les llegue, solicitarán el apoyo de la Delegación del Gobierno. No descartan movilizaciones para llamar la atención sobre sus problemas.