Tabaza (Tamón),
Braulio FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Carreño ha denegado la concesión de una nueva licencia de actividad a la empresa Gasóleos de Carreño para dispensar gasolina en un surtidor en Tabaza. Es la segunda licencia solicitada por la empresa, ya que la primera fue ilegalizada el pasado año mediante una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gijón. Consideró entonces el juez que ni la segregación de la parcela para su creación, ni las obras de construcción ni la licencia de actividad eran legales, por lo que ordenó un cierre de las instalaciones, para lo que fijó un plazo que expiró el pasado 20 de diciembre, hace un mes.
La comisión municipal de Urbanismo votó anteayer la concesión de una nueva licencia a la gasolinera. Este nuevo permiso se pidió modificando algunos defectos que habían motivado su anterior ilegalización. La gasolinera se encuentra en un polígono industrial, a menos de un kilómetro de otro surtidor abierto al público, por lo que los propietarios solicitaron que la concesión de licencia se ciñese a la actividad principal de sus instalaciones, que es la venta a camiones. La competencia con la otra gasolinera fue lo que motivó el inicio de los pleitos para su ilegalización.
La comisión municipal, de manera unánime, y en virtud de los informes de los servicios jurídicos, votó en contra de la legalización de la empresa, por lo que por el momento la gasolinera sigue desarrollando su actividad de manera ilícita. Los propios técnicos reconocieron que «la empresa debió haber sido precintada el pasado 20 de diciembre como fecha límite», aclaró el representante de UICA en la comisión, Ramón Artime.
La solicitud de licencia pretendía una legalización de la actividad que la comisión de Urbanismo entendió que «depende del juez y no del Ayuntamiento», según indicaron desde la comisión. Pero, además, las diferencias entre empresarios y dirigentes políticos radican en que los primeros siguen queriendo vender al público el combustible y los segundos creen que no es posible.
Así las cosas, la gasolinera continúa desarrollando su actividad sin licencia, a la espera de que el Ayuntamiento ejecute el cierre del establecimiento. Según indicaron desde la comisión, el acuerdo alcanzado entre los grupos deberá ser refrendado en una Junta de Gobierno que se celebrará en Candás el próximo jueves, día 28, y en la que se ordenará el precinto del surtidor al haber sido denegada su legalización.
Respecto al plazo para el cumplimiento de la sentencia del juez, que expiró el 20 de diciembre, la comisión se mostró dividida. Según apuntó el concejal Ramón Artime, el Ayuntamiento «podría haber incurrido en un delito de prevaricación al mantener abierta la gasolinera sin licencia y con una sentencia en contra». Los técnicos, según aclaró el concejal, reconocieron en la comisión que la gasolinera debería estar cerrada.
La comisión de Urbanismo está formada por un representante de cada una de las seis fuerzas políticas de la compleja Corporación carreñense. Las decisiones tomadas en su seno deben ser refrendadas posteriormente por una Junta de Gobierno.
