El Juzgado ha dado la razón al Ayuntamiento de Castrillón en el despido de los tres socorristas que en el verano pasado se negaron a realizar las funciones encomendadas por el coordinador del servicio, al que acusaban, en connivencia con la Alcaldesa, Ángela Vallina, y otros miembros de la Corporación, de prevaricación y discriminación.
Según informó hoy el consistorio de Castrilón, el Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés ha desestimado las pretensiones de los despedidos en un fallo que respalda en todos los puntos el proceso disciplinario abierto por el equipo de Gobierno y que concluyó con la expulsión.
La titular del juzgado, a lo largo de la sentencia, desgrana que los distintos pasos dados tras la desobediencia reiterada de los tres socorristas respetaron la legalidad y que se ajustaron a la gravedad de la falta. Así, el fallo considera la conducta de los tres socorristas como "desobediencia grave, trascendente e injustificada", siendo, por el contrario, las causas que esgrimieron para desobedecer "carentes de toda razón de ser".
De hecho, la sentencia asegura que los tres despedidos, orientaron su conducta hacia "un incumplimiento consciente, radical e injustificado" de las directrices adoptadas por la Corporación en el ejercicio de sus funciones organizativas.
Vistos los hechos, la juez estima "perfectamente comprensible el despido", en atención a "las circunstancias y gravedad de los hechos".
La decisión del juzgado fue recibida con satisfacción por la Alcaldesa de Castrillón al avalar un proceso que, dijo, "se realizó como consecuencia de la desobediencia reiterada de los tres despedidos, como ahora queda establecido por una sentencia judicial". EP
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