El juez archiva la denuncia interpuesta de oficio tras la agresión a la praviana

Pravia,
V. DÍAZ PEÑAS
El juez ha archivado la denuncia interpuesta de oficio tras la agresión sufrida por la mujer praviana acosada después de sufrir un robo a manos de dos hombres de etnia gitana. Así lo explicó ayer la propia víctima, quien matizó que la denuncia, interpuesta de oficio por la fiscalía, no fue aceptada debido a que no había una denuncia por su parte. Delegación del Gobierno criticó que la mujer aparezca en los medios de comunicación cuando es testigo protegido y aseguró que la Guardia Civil mantuvo siempre la vigilancia oportuna sobre ella.

Como explicó la agredida, la Guardia Civil recogió los informes médicos y el parte de lesiones de la mujer después de ser examinada en el centro de salud y en el Hospital de San Agustín. Sin embargo, esta denuncia no prosperó y se decidió archivarla. «La Guardia Civil abrió diligencias después de recibir el parte de lesiones del médico y del hospital. Sin embargo, la denuncia fue rechazada por el juez alegando que no había denuncia interpuesta por mi persona. Y yo no puedo denunciar porque no sé quién me atacó. No tengo a nadie a quien señalar y lo único que busco es garantizar mi seguridad. Ahora mismo estoy expuesta a otra agresión», lamentó la praviana.

La mujer considera que la denuncia de oficio no se tramitó por la ausencia de una investigación. «La denuncia se envió al Juzgado y ni tan siquiera me llamaron. Si archivaron la denuncia posiblemente fue porque no encuentren indicios sobre quién fue el agresor. Seguramente no haya una vía de investigación clara. Lo que sí que está claro es que sufrí una agresión porque falló la seguridad sobre mi persona. Tampoco se puede alegar que la agresión que sufrí no tenga nada que ver con el robo», explicó ayer la víctima, que fue golpeada y tirada por las escaleras.

En otro orden de cosas, la Delegación del Gobierno inquirió que la condición de testigo implica que se ha de preservar la identidad de la persona protegida, algo que, a su juicio, nunca se consiguió dada la «sistemática presencia de la mujer en los medios de comunicación», como se apuntó en un comunicado. Además, se puntualizó que es la Guardia Civil la que determina el mecanismo oportuno de protección a quien lo requiera.

La Delegación del Gobierno sostiene que, en todo momento, la Guardia Civil mantuvo la vigilancia que estimó oportuna en función de una valoración del riesgo y siempre poniendo en conocimiento de la mujer las medidas que se iban adoptando. Según el comunicado, las medidas de protección, diferentes a la escolta, siguen en vigor con la intensidad y características determinadas por la propia Benemérita.

Respecto a la agresión padecida por la vecina praviana, desde la Delegación del Gobierno se señala que ya se han realizado todo tipo de pesquisas para intentar esclarecer los hechos. Se han realizado entrevistas y seguimientos y se seguirá trabajando con la misma intensidad para dar con los autores de la agresión. En este sentido, se manifestó que la Guardia Civil no ahorra ni ahorrará medios ni esfuerzos en la investigación en curso hasta esclarecer los hechos.

Finalmente, apuntó que únicamente tiene constancia de las diligencias instruidas por la Guardia Civil, desconociendo cualquier tipo de actuación llevada a cabo por el ministerio fiscal, tal y como apuntaba recientemente la mujer agredida.