Noreña, Franco TORRE
El Ayuntamiento de Noreña concederá a los hosteleros un año de plazo tras la aprobación de la ordenanza de terrazas, a fin de facilitar su adaptación a la norma. Ésta fue la principal propuesta presentada por los políticos municipales a una representación de los hosteleros en la reunión celebrada en la tarde-noche del lunes. No obstante, la propuesta no satisface a los hosteleros, que demandan dos años de prórroga y rechazan el alto coste económico del cambio del mobiliario.
La reunión tuvo un índice de participación muy inferior al esperado: de los 36 hosteleros convocados tan sólo acudieron 10. Respecto a los representantes políticos, participaron en la reunión la concejala de Urbanismo, Valentina Valdés, de IU; la socialista Verónica Noval, concejala de Cultura; el portavoz de URAS-PAS y concejal de Desarrollo Local, Daniel González Rajó, y el edil del PP Alejandro Suárez.
Durante más de dos horas hosteleros y representantes municipales debatieron las interioridades de la ordenanza, aunque no se llegó a ningún acuerdo sobre su aplicación. Tras el encuentro, la concejala de Urbanismo, Valentina Valdés, señaló que el Ayuntamiento «se mostrará flexible en aquellos aspectos que pueda serlo».
Esta alusión de Valdés se refiere a que los aspectos de la ordenanza que estén recogidos en la ley 5/1995 de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, son innegociables. Esta ley marca los espacios que deben dejarse libres en supuestos de ocupación de la vía pública, así como la altura máxima del mobiliario urbano, entre otros aspectos que pueden afectar a las terrazas.
Los otros aspectos en los que sí habría posibilidad de modificar el documento inicial serían el plazo de implantación de la ordenanza y la desaparición de la publicidad. En lo referente al plazo de implantación, Valdés ofreció un año de margen desde la aprobación de la norma, aunque los hosteleros pretenden que se amplíe a dos. Este plazo de implantación también incide en la eliminación de la publicidad, ya que los hosteleros tendrán que hacer un gasto notable para cambiar su mobiliario. Según la estimación de uno de los afectados, que denuncia «falta de sensibilidad» por parte del Ayuntamiento, cambiar una terraza con diez mesas y cuatro sillas por mesa, además de un toldo o las correspondientes sombrillas, supondría un gasto aproximado de unos 3.000 euros. Para facilitar la transición, Valdés se comprometió a gestionar una exención de parte de las tasas para aquellos que deban cambiar el mobiliario, aunque los hosteleros no ven clara esa propuesta.