Resulta que ahora los políticos cuando quieren sacar adelante un proyecto en contra de la opinión de un pueblo, vecindario, concejo, mancomunidad o región sólo tienen que denominarlo de «utilidad pública». De buenas a primeras como a «muerto el perro se le acabó la rabia» he aquí una de las fórmulas para resolver el dilema. Y es que hay tantos proyectos a debate, a través del don de la palabra, que se hace necesario escuchar los argumentos de unos y de otros antes de decidirse; después es para toda la vida. Los buenos y pacientes parroquianos de Santa María de Grado llevan cinco años protestando con pintadas, manifestaciones y caceroladas contra la instalación de una subestación eléctrica que la REE pretende instalar en las inmediaciones del pueblo. Para acallar sus argumentos y sensibilidades, los terrenos y la línea aérea son declarados de «utilidad pública» y -ay amigo- todos a callar. Pues claro que es un bien público -faltaría más- como también lo son el agua, la educación, las bibliotecas y hasta el aire que respiramos. ¡¡¡No te jode!!!
