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La pena por triplicar la tasa de alcohol es de 3 a 6 meses de cárcel

El uso de coche oficial para fines privados está tipificado como malversación y conlleva de uno a tres años de prisión

13.02.2010 | 01:00
El alcalde de Siero en funciones, Ángel García González, «Cepi», espera la salida de Corrales en urgencias, en Oviedo.
El alcalde de Siero en funciones, Ángel García González, «Cepi», espera la salida de Corrales en urgencias, en Oviedo.

Oviedo, L. Á. VEGA

El alcalde de Siero, Juan José Corrales, se enfrenta a una posible condena de entre tres y seis meses de cárcel, o alternativamente una pena de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de uno a tres meses, siempre que sea hallado culpable. En ambos casos se impondría al infractor la retirada del carné de conducir por un tiempo de uno y cuatro años.


El alcalde de Siero será sometido a juicio rápido el próximo miércoles, tras ser sorprendido con una tasa de alcohol que triplica la legal, situada en 0,25 miligramos por litro de aire. Si se reconoce autor de los hechos, las penas antes señaladas podrían serle aplicadas con una reducción de un tercio. El Código Penal no incluye la sanción de inhabilitación para cargo público en el caso de los delitos de alcoholemia, por lo que Juan José Corrales podría continuar al frente del Ayuntamiento sierense sin mayores problemas.


La fiscalía está aplicando cada vez más la pena alternativa de multa y de trabajos en beneficio de la comunidad, sobre todo para los conductores sin antecedentes. El problema es que no hay suficientes programas para cumplir estas penas.


El hecho de que el accidente se haya producido con un coche oficial no es baladí, según indicaron fuentes jurídicas. El Código Penal incluye varios artículos sobre el delito de malversación, o, lo que es lo mismo, la utilización de caudales, bienes o efectos públicos para fines impropios. El artículo 433 del Código señala por ejemplo que «la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones incurrirá en pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años».


El artículo 434 va más allá e indica que «la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a cualquier administración, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación por tiempo de tres a seis años».

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