Perlora,

Braulio FERNÁNDEZ

La unión de empresas adjudicataria de la explotación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora dispone de menos de una semana para obtener la licencia urbanística necesaria para poner en marcha su proyecto de 83 millones de euros. El próximo jueves, 15 de abril, vencerá el plazo de dos años que le concedió el Gobierno del Principado para conseguir la aprobación de un plan especial de reforma interior (PERI) que dé salida a su proyecto para la residencia turística. Dicho plazo ha eximido hasta ahora a las empresas de realizar el 5 por ciento de la inversión y de la constitución del derecho de superficie. Unos trámites que deberán cumplir si pretenden continuar con su iniciativa.

Según confirmaron fuentes de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Carreño, a fecha de ayer las empresas de Perlora no habían entregado el documento para la aprobación del PERI, por lo que su aprobación antes del 15 de abril es materialmente imposible. En estas circunstancias, la sociedad anónima adjudicataria se enfrenta a la disyuntiva de abandonar o abonar el 5 por ciento de la inversión prevista, es decir, más de 4 millones de euros, sin saber si su proyecto va a obtener la licencia urbanística.

El Partido Socialista de Carreño confía en que el proyecto salga adelante. «Nos consta que están trabajando en el proyecto, que no ha sido abandonado, aunque, a fecha de hoy, no han entregado nada», manifestó la portavoz del PSOE y teniente de alcalde, Áurea Gutiérrez.

El objetivo de la Consejería de Economía del Principado cuando, en abril de 2008, rubricó la resolución por la cual se eximió a las empresas de hacer frente a la inversión en estos dos años era desvincular a las adjudicatarias de la Ciudad de Vacaciones de sus obligaciones para con Perlora hasta que la tramitación con el gobierno municipal fuese superada, es decir, hasta que el PERI quedase aprobado, contase con la licencia preceptiva y se pudiesen poner en marcha las obras.

En este sentido, la resolución del 15 de abril de 2008 alude a la «complejidad del proyecto» y a la «necesidad de actuación previa por parte del Ayuntamiento de Carreño y otras administraciones con competencias medioambientales, quedando el contrato de explotación supeditado a ello». Teniendo en cuenta dicha circunstancia, se especifica que es «preciso diferir determinados aspectos, tales como la aportación del 5 por ciento de la inversión de 83 millones de euros tras la fundación de la sociedad anónima o la propia constitución del derecho de superficie, hasta la aprobación definitiva del planeamiento necesario para el desarrollo urbanístico del área».

Finalmente, el Principado determina, en la citada resolución de 2008, «suspender parcial y temporalmente, hasta la aprobación del PERI, y, en todo caso, por el plazo máximo de dos años, la ejecución de los aspectos del contrato de explotación referidos a la aportación de capital por parte de las empresas, la garantía definitiva, y el derecho de superficie para la explotación del inmueble».

Una vez pase el próximo 15 de abril, la Sociedad Anónima de Perlora Ciudad de Vacaciones, ya responsable del complejo urbanístico, con plenos derechos, por los próximos 50 años, tendrá un plazo de tres meses para comenzar a ejecutar las obras. De no hacerlo, estaría vulnerando las bases por las que le fue adjudicado el contrato de explotación de la residencia turística.