El Principado ha suspendido el contrato de explotación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora «al no presentar las empresas adjudicatarias la garantía de inversión» y esto ocurre casi cuatro años después de que la propia Administración regional rehusase hacerlo y tres desde que la Consejería de Economía anunciase la concesión de gestión a un consorcio de empresas por un período de 50 años.
En definitiva, cuatro años perdidos y una imagen turística desfavorable, pese a las promesas del señor Jaime Rabanal, que hace tan sólo unos meses advertía: «Si la oposición crea polémicas o dudas irá en contra de Carreño y de las empresas».
Por estos pagos ya se ponía en entredicho el proyecto el 1 de abril de 2008 y la inesperada noticia obligaba al Gobierno regional dos semanas después a comunicar la suspensión temporal de los trámites hasta la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Desde entonces, y pese a los clamores populares de Carreño, la inacción del ejecutivo regional ha sido una constante en el incumplimiento de plazos, asunción de compromisos financieros, divergencias en los coeficientes de edificabilidad, falta de concreciones en el PERI ... y, sobre todo, ausencia de explicaciones.
El mal ya está hecho, y una vez más nadie asumirá responsabilidades pese al daño causado a la economía local. Se han esfumado en el aire los supuestos 83 millones de inversión, los 200 empleos y suena casi a broma de mal gusto la previsión de creación de puestos de trabajo asumida en la oferta por la Mesa de Contratación al haber pronosticado la incorporación de «un 50 por ciento de jóvenes, un 60 por ciento de mujeres y un 3 por ciento de trabajadores discapacitados».
El futuro del recinto está de nuevo en el aire y el complejo entre vaivén y vaivén, sujeto a decisiones políticas caprichosas, más parece la Ciudad Prohibida de Beijing ajena y desintegrada del resto de la parroquia que un complejo residencial dependiente del Gobierno de Asturias, con una oferta turística seria, sostenible y de calidad.
Con todo, no son éstas las únicas dudas de cara al futuro. Desde el Principado se habla ahora de «su atractivo como equipamiento y su gran valor para todos los asturianos», así como que el Ejecutivo «sigue creyendo que Perlora merece el impulso público». Curioso, si tenemos en cuenta los antecedentes últimos y que el Principado vetó cualquier participación del Ayuntamiento de Carreño (por lo tanto pública) en ese plan.
Perlora precisa por encima de todo un proyecto global cuya actividad redunde en beneficio del empleo y del sector servicios del concejo, en el que se tenga en cuenta, además de la capacidad del grupo inversor, actuaciones paralelas como la preservación del patrimonio arquitectónico o el de los enclaves arqueológico y natural. Y ahí si tiene algo que decir el Ayuntamiento de Carreño, por ejemplo en su catálogo urbanístico, y cuando menos lo que se echa en falta es una reivindicación firme y una declaración oficial del gobierno local, hasta ahora impávido, a la hora de exigir en voz alta, el cumplimiento del compromiso regional con Perlora.
