Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El delegado de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Florentino Cuétara, prepara un plan de viabilidad económica del ente comarcal, que atraviesa severos problemas de liquidez que han puesto en duda su continuidad. El plan pasa por la fusión de más servicios entre Carreño y Gozón, de forma que los concejos tengan que aumentar su aportación a la mancomunidad pero les compense el ahorro en sus propias cuentas municipales.

«Mi misión es potenciar la Mancomunidad, no rebajar sus prestaciones, así que antes que hacer un plan de austeridad que suponga la eliminación de puestos de trabajo, prefiero optar por un plan de viabilidad económica basado en la opción de mancomunar más servicios», explica el concejal delegado del ente supramunicipal. Según detalla, «Gozón y Carreño prestan en la actualidad varios servicios que, de ser mancomunados, permitirían un alivio económico a las arcas municipales y el mantenimiento de la calidad de los mismos».

Cuétara no quiere precisar qué servicios se plantea fusionar para evitar la duplicidad del gasto en los ayuntamientos, aunque sí aclara que «la propuesta será debatida en una comisión de la Mancomunidad que se celebrará el próximo jueves».

En la actualidad cada concejo aporta anualmente al ente 400.000 euros, una cantidad que desde Gozón consideran «inasumible». De hecho, Carreño se queja de los impagos de su vecino, que han puesto a la mancomunidad contra las cuerdas.

Los planes de la dirección del ente comarcal se conocen un día después de la celebración de una junta de la Mancomunidad en la que la presidencia, actualmente en manos de Carreño, presentó los datos económicos del año en curso. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, a uno de noviembre el ente presentará un déficit de 29.000 euros, lo que hará imposible el pago de las próximas nóminas de los trabajadores. No obstante, no se incluye en este balance la posibilidad de que el Principado ingrese en las arcas comarcales parte de la subvención que aún debe, y que permitirían desbloquear al menos por un mes la débil estabilidad económica de la Mancomunidad. De aquí y hasta el 31 de diciembre, el gobierno autonómico aún debe ingresar la cantidad de 322.000 euros.